La implantación de la mayor reforma judicial en 40 años colapsa los tribunales comarcales

Los agentes judiciales aseguran que los expedientes se acumulan con mayor frenesí en las mesas, mientras las plantillas se adaptan a una reestructuración sin que hayan llegado refuerzos en el personal ni mejoras materiales.

Por ahora, de acuerdo a trabajadores y sindicatos, empeora la situación de unas sedes judiciales ya de por sí saturadas, ampliando la pendencia en algunos comarcales cuando ya había un aumento de la carga de trabajo hasta de casi un 200% como en Andújar, o de 180% en Martos. Esto afecta también a que el plazo para señalar los juicios se amplíe en medio año más en las zonas más afectadas, llegando a marcarlo en los calendarios de 2027.

Por su parte, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que reclamó sin resultado dotación económica al ministerio para aplicar la nueva ley, señala que no se les ha comunicado incidencias de «gravedad» y pide paciencia; «los cambios requieren cierto tiempo de adaptación».

Los profesionales califican de «caos e improvisación la implantación» y temen los efectos que tendrán los cambios para una justicia castigada. Adelantan que habrá asuntos que, a raíz de las demoras y dilaciones provocadas por la reforma, no se podrán incluso investigar, por lo que hay riesgo de que prescriban o se archiven.

La ley introduce importantes reformas en la planta y demarcación de los tribunales. Los juzgados desaparecen. Se sustituyen por tribunales colegiados en cada partido judicial, denominados Tribunales de Instancia. Ya no hay funcionarios 'estanco', se cuenta con cuerpos comunes organizados por secciones; civil, penal... donde jueces y magistrados de esa materia tienen un grupo de funcionarios asignado.

La Junta de Andalucía valora positivamente que la reforma «implica que ya no se produce un reparto tan rígido de los asuntos, sino que se opta por un sistema de reparto más flexible y beneficioso para el servicio público al ciudadano», ya que persigue evitar que un asunto se paralice ante una baja o incidencia de la persona que lo lleva. «No obstante, somos conscientes de que los cambios requieren cierto tiempo de adaptación», responde la Junta a preguntas de IDEAL.

Sin embargo, las deficiencias tecnológicas, las vacantes de personal por cubrir y la premura con la que se ha implantado la reforma han provocado la tormenta perfecta en las sedes.

De hecho, con el inicio del Año Judicial, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, aseguraba que los nueve partidos judiciales que habían avanzado en la transformación, «han tenido un nivel de implicación y una calidad de resultado muy alta y nos sentimos orgullosos de que la provincia lidere la transformación de la justicia en Andalucía». No obstante, dentro opinan diferente.

Desde CSIF se realizaron visitas a los diferentes partidos judiciales y la situación generalizada es «descontento; descontento y malestar general». Entre los funcionarios con los que se reunieron, manifestaron que la situación «ha empeorado las mesas, que ya de por sí estaban saturadas» y denuncian que «se les ha asignado más trabajo». De hecho, subrayan que a compañeros de civil han sido cambiados a Penal, y a los de Penal los han llevado a civil, con nuevas funciones que «ahora tienen que aprender», Esta situación «llevará más retraso, si cabe» a la resolución de asuntos en los juzgados de la provincia. Asimismo, hacen hincapié en que se requieren cambios en las infraestructuras, con sedes aún pendientes y que habrían ayudado a aliviar la presión con el cambio.

«Este momento habría sido ideal para tomar el pulso a la carga de trabajo en las sedes judiciales, pero no se ha aprovechado», asegura Francisco López, delegado de Justicia en CC OO de Jaén. Destaca que en sus últimos informes ya observaban una carga de trabajo que «año tras año no deja de crecer» y que «la Consejería de Justicia sigue sin tomar medidas para paliarla», con medidas que «aliviasen la carga», lo que repercutiría en la actuación judicial «que pasaría a ser rápida y eficaz, en definitiva, lo que espera la ciudadanía de este servicio público».

Como ejemplo pone Linares —cuyo partido judicial abarca Bailén, Jabalquinto, Torreblascopedro y Linares—, y donde hay «un caos tremendo» ya en la propia organización en sí. «Hemos solicitado que los grandes partidos como este, Andújar o Úbeda, entre otros, tengan su juzgado de guardia, para que así los funcionarios que estén de guardia lo hagan en sitios localizados», explican desde CC OO, y es que a pesar de que ahora están todos 'juntos', en realidad «no hay espacio para los nuevos tribunales de instancia, porque no hay dinero para esta reforma», señala, con una falta clara de espacio y tiempo.

La carga se siente tanto en juzgados con 20 personas como en los de 50 y más. «En cada uno se notaba ya la sobrecarga y en todos se pedía más refuerzo», indican. Más gestores, personal de tramitación y auxilio servirían «para paliar, no para arreglar» la situación que se lleva arrastrando años y que desde la aplicación de la ley se encuentran faltos de medios y recursos. «En total hacen falta más de cien personas, solo funcionarios de justicia», destacan desde Comisiones Obreras de Jaén.

La segunda fase de la ley de eficiencia está terminando de acoplarse a las sedes judiciales y está prevista que termine para el viernes, 31 de diciembre, entrando en la tercera fase para 2026. Entonces los cambios se vivirán directamente en la capital de Jaén. Aquí el sindicato observa «un verdadero problema» pues son 13 las sedes que hay e integran desde civil a Penal en varios puntos separados, desde la calle Arquitecto Berges a la avenida del Ejército Español o en Carmelo Torres. «Sin la Ciudad de la Justicia, no sabemos cómo se hará a coste cero», afirman, y subrayan que hay más de 250 funcionarios, que no lograrán «la inmediatez que se requiere». «Habrá descontrol en la organización, como se está viendo en otros municipios», porque además se ve que no hay sitio material para hacerlo.

Las sedes de los partidos judiciales de Jaén «no están preparadas ni adaptadas» para albergar el nuevo diseño organizativo. En muchos casos, los edificios presentan carencias estructurales y falta de espacio, lo que va a dificultar la coordinación y el trabajo en red que exige este modelo. Además, no se han previsto «planes de adecuación física realistas ni plazos suficientes» para su ejecución al ser a coste cero.

«Llegará el 1 de enero y aún no tenemos claro las funciones que se harán cuando se entre a trabajar», manifiestan.

De igual modo, el personal critica «las deficiencias tecnológicas», que se siguen porque ni los equipos informáticos, los medios informáticos ni los programas que se utilizan «están debidamente preparados para este cambio». Por ello, las incidencias «son recurrentes», sumando más retrasos a un sistema que ya acarreaba complicaciones con las tecnologías.

Desde UGT apuntaban a que la plataforma tecnológica necesaria para articular los Tribunales de Instancia «aún no está plenamente operativa ni adaptada a las necesidades del personal». Todo ello hace que «persistan errores, incompatibilidades y una falta total de formación práctica para los trabajadores», lo que va a generar «más retrasos, confusión y caos» en la gestión procesal.

«La paradoja de esta ley es que, bajo el pretexto de lograr una mayor eficiencia, se está generando justo lo contrario: una justicia más lenta, más burocratizada y más alejada del ciudadano», indican en UGT, y añaden: «La centralización de funciones, sin un sistema sólido que la respalde, traerá consigo retrasos en la tramitación, duplicidades y pérdida de proximidad al usuario».

Una puesta en marcha que, reclaman, habría requerido la colaboración desde un inicio de todos los operadores judiciales y consultas previas, antes de la implantación de la ley. «Si no se adoptan medidas urgentes de refuerzo de medios, planificación realista y diálogo con los representantes de los trabajadores, el modelo de Tribunales de Instancia está abocado al colapso».

Los Letrados de la Administración de Justicia, LAJ, funcionarios que viven en primera persona esta transformación, destacan que todavía «es pronto» para hacer una radiografía de cómo va la aplicación de la ley de eficiencia de la Justicia. La tercera fase «será la más importante» y la que más complicaciones podría acarrear, sobre todo por la ausencia de una Ciudad de la Justicia que centre la actividad y gestione este modelo de cambio con más eficiencia.