Fiscalía lleva al banquillo a 128 padres en cuatro años por no llevar a sus hijos al colegio

Mochilas colgadas en un aula en una imagen de archivo. /IDEAL
Mochilas colgadas en un aula en una imagen de archivo. / IDEAL

Solo en tres años se investigó a 375 familias de grandes absentistas en expedientes que se arrastran el algún caso desde 2012

Juan Esteban Poveda
JUAN ESTEBAN POVEDAJAÉN

La Fiscalía de Menores de Jaén ha formulado en los últimos cuatro años denuncia penal contra 128 padres por no llevar a sus hijos al colegio. Los acusa de un delito de abandono de familia. De no cumplir con sus obligaciones como padres. En casi todos los procedimientos se actúa contra los dos progenitores. A la mayoría de ellos se les ha pedido incluso penas de cárcel (entre tres y seis meses, según los casos) y se han logrado un buen número de condenas, que casi siempre quedan en multas de escasa cuantía tras sentencias por conformidad. Cada caso es fruto de un seguimiento de años que se lleva entre autoridades educativas y el Ministerio Público.

La Fiscalía destaca en un informe que «es apreciable la evolución de las denuncias interpuestas» desde la cifra inicial de 30 denuncias del año 2014, a las 52 en el año 2015. En el año 2016 se produjo una drástica reducción a tan solo 11 mientras que en el año 2017 se presentaron 45. Los fiscales señalan que el seguimiento en los casos detecta que «tras un período inicial en que se corregía el absentismo, éste volvía a rebrotar».

El trabajo a largo plazo y el seguimiento de los casos que se está haciendo es notable. En el año 2017 se archivaron un total de 186 diligencias, de las cuales una correspondía al año 2012, 4 al año 2013, 6 al año 2014, 67 al año 2015, 64 al año 2016 y 44 al mismo año 2017, «lo cual ha hecho que a fecha 31 de diciembre de 2017 tan sólo haya 79 diligencias preprocesales por absentismo vivas frente a las 180 del año 2016».

Solo en tres años se ha investigado a 375 familias por temas de absentismo escolar. En el año 2015 se incoaron 160 diligencias preprocesales, al año siguiente se quedaron en 123 terminando el año con 180 procedimientos aún vivos. En 2017 se incoaron 92 diligencias preprocesales y se terminó el año con 79 casos vivos. «La razón de ser de esta disminución tanto en el número de diligencias incoadas como en el número de expedientes aún vivos se debe al intenso y continuado trabajo de las autoridades educativas a lo largo de los años, concienciando a los representantes legales de los menores de la necesidad de respetar y hacer cumplir el derecho a la educación de sus hijos, la alta implicación del profesorado y, en última instancia, el refuerzo que ha supuesto que desde la Fiscalía se hayan denunciado las actuaciones delictivas y haya habido pronunciamientos de los Juzgados de lo Penal con sentencias condenatorias», dicen desde Menores.

Un largo procedimiento

Cada vez que se recibe documentación relativa a un posible caso de absentismo escolar, se incoa un Expediente de Protección de Menor y se investiga la trayectoria escolar del niño «desde que comenzó su escolarización obligatoria hasta el momento presente, así como el grado de implicación de los representantes legales en el proceso educativo». Una vez recabada esta información se cita a los representantes legales a una comparecencia en la Sección de Menores con la intención de advertirles personalmente de la posible comisión de un hecho delictivo, reiterando así la advertencia efectuada en una fase anterior por la Policía Autonómica.

«Podría entenderse que esto es una reiteración pero se ha constatado la efectividad de este proceder dado que no se trata sólo de una advertencia legal sino que además se les informa de forma detallada del absentismo del menor, de las consecuencias legales de persistir en este comportamiento y se escuchan las explicaciones que quieran aportar», dicen en la Fiscalía de Menores.

Se intentó que en vez de una simple comparecencia se tratara de declaraciones en calidad de investigados pero por problemas para conseguirles a los padres un abogado de oficio finalmente no se implantó. Así que lo que se hace es una comparecencia tras cuya práctica se archivan provisionalmente las diligencias para reaperturarlas unos meses después y comprobar si el absentismo del menor se ha eliminado, en cuyo caso se produce el archivo definitivo, o reducido. Si la reducción es muy significativa se archivan definitivamente, pero si la reducción no se considera suficiente, se mantienen un tiempo más abiertas para comprobar si se logra paliar el problema. En el caso de que se vea necesario denunciarse remite todo el expediente al juzgado de Instrucción que corresponda.

Cuando el asunto entra en vía penal ordinaria ocurre a veces que el procedimiento acabe en un juicio rápido para que los acusados puedan verse beneficiados con la reducción del tercio de la pena. «Aún así, lo más común es que los investigados no acepten los hechos en fase de instrucción y se enfrenten a una acusación por delito. Se ha apreciado cómo la mayor parte de los juicios en los Juzgados de lo Penal terminan con sentencia condenatoria ya sea por conformidad ya sea por celebración», dicen en la Fiscalía de Menores.

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