El fiscal pide nueve años de cárcel para unos padres por secuestrar a sus hijos de un centro de la Junta

Según el escrito de calificación del Fiscal los acusados, «puestos de común acuerdo y con un plan predeterminado para llevarse a sus hijos», fueron el 2 de junio de 2015 a La Carolina. Los tres menores estaban bajo la protección de la Junta por resoluciones administrativas de diciembre de 2014. Los habían llevado a un centro en La Carolina. Ese día Manuel M.M., el padre, había solicitado hacer uso de su derecho de ver a los pequeños.

Le permitieron verlos y dar un paseo con ellos por la calle. Los acompañaba un profesional del centro. Fueron al parque de la Estación. Manuel le comentó al cuidador que fuera a por un café, que ya se quedaba él con los niños. «Aprovechó para coger a los menores y montarlos en un coche, donde lo esperaba Vanesa V.M. junto a otros familiares a los que habían dicho que tenían permiso para llevárselos por unos días».

Manuel se quedó en La Carolina, donde dijo que sus niños se habían perdido. La Guardia Civil comenzó a buscarlos inmediatamente. El caso tuvo la máxima atención nacional. El recuerdo de lo que había pasado con los niños de Córdoba y José Bretón estaba presente.

Los menores viajaron por carretera hasta Córdoba sin ser detectados por los controles. Llegaron a la estación del AVE y cogieron un tren a Madrid. Se instalaron en casa de la hermana de Vanesa, sin que esta supiera que no tenían autorización para estar con los menores. En esa casa los encontró la Guardia Civil el día 6 de junio, sanos y salvos.

Desde el primer momento la Guardia Civil desconfió de la versión de Manuel. Lo detuvieron al poco rato de la denuncia de desaparición de los niños, al tiempo que lanzaban una búsqueda por todo el territorio nacional. El juez mandó a Manuel a prisión preventiva.

Los agentes centraron la búsqueda en Madrid, Jaén y Murcia, donde vivían familiares de los padres, a quienes pincharon sus teléfonos.

La presión de la Guardia Civil dio sus frutos y finalmente recibieron la llamada de la hermana de Vanesa. Ella les dijo que los menores estaban en perfecto estado y que los tenía en su casa. Vanesa fue detenida y puesta a disposición judicial. También acabó en la cárcel.

Diez días después de su arresto tenía cita en el juzgado de lo Penal de Jaén junto a Manuel por un robo del que salieron absueltos. «Lo volvería a hacer una y mil veces porque son mis hijos», dijo a los periodistas que la esperaban en la puerta.

Manuel ya era un viejo conocido de la justicia. A sus 47 años ya cumplió pena de cárcel por homicidio (el tiempo medio de condena son 15 años) y tiene un amplio historial delictivo. La Delegación del Gobierno andaluz en Jaén, sin dar detalles sobre la retirada de la tutela, dejó claro que este tipo de decisiones responden a la necesidad de velar por el bienestar y la seguridad de cualquier menor. Se da el caso de que otro hijo de 10 años está bajo protección de la administración y la intención del padre era recuperarlo antes de que fuera dado en acogida.

El propio Manuel M. M. se había encargado de hacer pública la situación. Durante algunos días se había manifestado a las puertas de la Delegación de Políticas Sociales de la Junta, en la capital jienense. En su acampada callejera había fotos de los menores y pancartas. «Se llevaron a mis hijos de la guardería y del colegio, sin previo aviso»; «Después de llevárselos, la Junta permite que mis hijos estén separados, sin valorar el daño psicológico que le están creando. Cuando me dejan hablar con ellos, casi siempre están llorando», se leía en otra cartulina.

Vanesa, de 32 años ahora, también tiene numerosos antecedentes.

Los dos fueron puestos en libertad tiempo después, y emprendieron una campaña de presión para recuperar a sus hijos, con el apoyo de familiares, amigos y colectivos como la Asociación de Menores Gitano, entre otros. Ahora, además de la cárcel, les piden 18 años sin la patria potestad.