La familia de Jabalquinto pide una solución definitiva tras paralizarse su desahucio
Solicita un acuerdo entre el Ayuntamiento y AVRA para una adjudicación extraordinaria o un alquiler mientras tanto
Paralizado pero no solucionado. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Jaén valora la paralización del desahucio de una familia vulnerable en Jabalquinto, ... pero quiere una solución definitiva. «La política debe estar a la altura», señala en solicitud de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta, para una adjudicación extraordinaria de la vivienda, ya que la familia inicialmente adjudicataria renunció. Una adjudicación que, según apunta, se ha hecho en dos ocasiones en la ciudad de Jaén.
Y otra alternativa que propone es que el Ayuntamiento le facilite a la familia vulnerable una vivienda en alquiler, «hasta tanto se habilite la vivienda pública vacía que existe en la localidad». Para ello, plantea una reunión a tres bandas, de la plataforma con responsables municipales y de AVRA.
Miriam, que es madre de dos menores y víctima de violencia de género, solicita igualmente alguna de esas dos opciones y dice estar «enormemente agradecida a sus vecinos», a los 800 que firmaron para que su desahucio no se produzca, así como a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, «por su gran trabajo y la gran labor que hacen de manera desinteresada».
La paralización del desahucio, previsto para hoy jueves, la ha ordenado AVRA al juzgado, aunque de momento se desconoce si más adelante solicitará la reanudación del proceso y habrá un nuevo lanzamiento.
Escrito
Dichas firmas acompañaron a un escrito, solicitando la paralización del desahucio, remitido al Ayuntamiento, al juzgado y a AVRA, propietaria del inmueble y dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta.
La PAH recordó que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, prorrogado hasta el 31 diciembre de 2028, «impide desahuciar a familias vulnerables como es su familia».
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