Los empleados públicos exigen una negociación sobre sus salarios

CSIF ha iniciado así un calendario de movilizaciones que tiene previsto continuar con una gran concentración en Sevilla el próximo 22 de junio, con el objetivo de «visibilizar los recortes que este colectivo acumula desde hace más de una década, en la que el personal del sector público ha perdido un 15% de poder adquisitivo», relatan.

La presidenta de CSIF Jaén, Antonia Ibáñez, ha explicado que «se trata de movilizaciones que tendrán continuidad en el tiempo en defensa de nuestros empleados y empleadas públicas, que arrastramos una enorme pérdida de poder adquisitivo desde 2010, cuando el Gobierno central les rebajó el sueldo, entre un 5% y un 10%, que a día de hoy seguimos sin recuperar. A esto debemos de sumar la congelación de los salarios durante varios años, por lo que urge negociar una subida salarial».

Asimismo, la dirigente sindical ha subrayado que «el personal del sector público lleva contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años», por lo que ha considerado que «necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no puede seguir sufriendo más recortes», ante lo que urge al Ministerio de Hacienda y Función Pública a «sentarse a negociar».

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, CSIF alerta sobre la «alta temporalidad» en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la región.

Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, CSIF considera que «se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara».

En este sentido, ha criticado igualmente que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una normativa específica al respecto.