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Compleja cuestión judicial que salpica a la política municipal jienense. La denuncia del PSOE en la víspera de las elecciones municipales del pasado 28-M en la que se ponía en conocimiento de la policía una supuesta compra de votos por parte de dos concejales 'populares' cambia de rumbo y evoluciona hasta contar, por el momento, con dos detenidos que nada tendrían que ver con las filas del PP, y a los que se les vincula con un supuesto «montaje».
La información que adelantaba esta mañana elEconomista.es, en la que se señala que las acusaciones de comprar votos en las municipales podrían ser un montaje de un «coleguilla» del candidato a la alcaldía del PSOE, ha desencadenado numerosas reacciones. La primera de los 'populares', con el alcalde, Agustín González, al frente, acompañado por los dos ediles afectados -Antonio Losa y Manuel Palomares-, además del presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, y la secretaria general, Elena González.
González ha recordado que, tras conocerse la denuncia, los dos ediles implicados, «tras el shock», se trasladaron hasta comisaría para «aclarar la situación y denunciarlo, poniendo sus móviles a disposición». «¿Tan lejos puede llegar la mezquindad humana?», ha reflexionado el alcalde, que ha añadido que «se produjo una manipulación en pocas horas de la opinión pública que afectó al resultado electoral y dañó la reputación de dos personas honradas».
Ahora, tras seis meses, los 'populares' se hacen eco de la noticia de este medio nacional, en la que se denomina a este caso 'Operación Pandilla' y en la que se apunta que «no hubo tal intento de compra de votos, sino un montaje para intentar inculpar a personas vinculadas a al PP». Aunque ha añadido que «toca esperar y ser prudentes».
La Policía solo ha confirmado que se han producido por el momento dos detenciones, una realizada hace dos semanas y otra la semana pasada. Es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaén el que se está encargando de las investigaciones una vez que la Policía Nacional ha concluido las diligencias.
Dicho medio también recoge una posible «vinculación de uno de los detenidos con el secretario general del PSOE de la ciudad de Jaén, candidato en esos comicios, Julio Millán».
«Siento pudor, vergüenza ajena e indignación porque aquella noche se perpetró un montaje», ha lamentado el actual alcalde, que ha aclarado que «la denuncia que interpuso en la víspera de la jornada electoral fue archivada». «La honorabilidad de los dos compañeros está fuera de toda duda, pero en este tiempo nadie ha pedido disculpas a mis compañeros», ha afeado. Por otro lado, le ha pedido a Julio Millán que «asuma sus responsabilidades, sea consecuente y transparente». «La política es un servicio al ciudadano, pero no todo vale», ha añadido.
Por último, González se ha preguntado «¿qué hubiera pasado con los resultados electorales si esa noticia no hubiera ocurrido?» y ha trasladado que, de confirmarse la noticia, «sería un caso muy grave». «Ahora, nos toca esperar y ser prudentes», ha sentenciado.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén y actual líder de la oposición, ha apuntado que «no están personados en el caso y no cuentan con información detallada de las últimas novedades».
Sin embargo, sí que ha querido insistir en que «en el PSOE tuvieron conocimiento de un posible delito y, por responsabilidad, lo trasladaron a la Policía Nacional». «Estamos muy orgullosos de trabajar en la defensa de la verdad», ha insistido. Además, ha «descartado relación del PSOE con un supuesto montaje».
Por ello, pide al PP que «no se inquiete ante la petición ante el juzgado de Instrucción número 1 de reapertura del procedimiento y colabore accediendo a que se practique una prueba pericial a números de teléfono asociados a las personas de su partido implicadas en este caso».
Millán ha explicado que la decisión del PP de airear este caso en estos momentos procede de «su inquietud ante la petición a mediados del pasado mes de octubre por parte del PSOE de la reapertura del procedimiento a fin de que se practiquen diligencias probatorias, en concreto el barrido de las comunicaciones asociadas a cualquier número de teléfono móvil de los que puedan ser titulares los por entonces ediles implicados, que no se ha hecho en todos estos meses».
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