El decreto de medidas urgentes para vivienda busca conocer el suelo disponible y el número de demandantes

«La Junta apuesta por la vivienda con la creación de un modelo propio que facilita suelo, incrementa la oferta, apoya el acceso y, todo ello, con una destacada simplificación de procedimientos», ha resumido. Para impulsar estas mejoras, se ha creado un ecosistema para la construcción de vivienda que pivota sobre cuatro ejes: la ley LISTA, que agiliza el desarrollo urbanístico; el Plan Ecovivienda, que en la provincia de Jaén ha supuesto más de 30 millones en materia de rehabilitación de edificios, eficiencia energética y fomento de la vivienda, en palabras del delegado. El cuarto eje es la Ley de Vivienda de Andalucía, que se encuentra en fase de tramitación.

Una de las prioridades del decreto es la agilización, por lo que existe la posibilidad de que aquellas promociones que prevean la construcción de más de 250 viviendas protegidas, así como aquellas de más de 500 viviendas libres, puedan ser incorporadas a la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Uno de los objetivos necesarios es conocer el suelo disponible para lo que se va a poner en marcha una bolsa de suelo para la cual los ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes tendrán un plazo de tres meses para comunicar a la Junta el suelo disponible, del que no conocen los datos exactos. Tampoco el número de viviendas que podrán promoverse en la provincia, ya que dependerá de las solicitudes que promuevan los ayuntamientos. La Junta tampoco conoce el registro de demandantes por lo que se va a modificar con el objetivo de poder realizar una preselección y con el objetivo puesto en ampliar los requisitos para acceder a una vivienda protegida.

Por otro lado, el decreto ley incluye la puesta en marcha del procedimiento necesario para que promotores privados y públicos puedan acogerse a la financiación del ICO, con un aval de financiación del 50% de la JA, así como una nueva convocatoria del Programa de Fomento de Vivienda de Alquiler que, como ha explicado Contreras, proporcionará ayudas a los promotores de hasta 30.000 euros por vivienda construida. Por último, el paquete de medidas urgentes reduce también los coeficientes territoriales existentes en los que se establece el precio máximo para la venta de vivienda protegida, pasando de 4 a 2.

Contreras ha hecho un llamamiento para que los ayuntamientos se incorporen a este decreto ley, elemento indispensable para poder poner en marcha este paquete urgentes que «facilita la modificación normativa del ordenamiento urbanístico con el objetivo de propiciar la construcción de vivienda». Uno de los puntos que se fomentan pasa por el cambio de uso o de mejora de densidad y edificabilidad a las que pueden acogerse los ayuntamientos, para lo que cuentan con el plazo de un año.

Esto se traduce en que el suelo terciario destinado a uso hotelero o a oficina podrá ver modificado su uso para construcción de vivienda protegida, así como el suelo público destinado a equipamiento de uso general, que podrá destinarse a vivienda en alquiler.

Otra de las medidas es el aumento de la densidad y de la edificabilidad, de tal modo que, en aquellas parcelas en las que está permitida la construcción de vivienda libre, en el caso de que se destinen a vivienda protegida, se va a permitir que se incremente un 20% el número de viviendas previstas (que dependerá de la superficie del terreno). En el caso de las viviendas que ya estaban reservadas para vivienda protegida, se va a posibilitar que se aumente un 20% el número de viviendas previstas y un 10% la edificabilidad.

El objetivo es «un mayor uso del suelo que se traduzca en un abaratamiento de los costes», en palabras del delegado. Para acogerse a esta medida, los ayuntamientos y promotores privados tienen un plazo de dos años para solicitar la correspondiente licencia de obras; una vez concedida, tendrán tres años para su ejecución.