El contrato con Autobuses Castillo lleva 53 años sin tener «respaldo legal», según el Consultivo

La noticia, abre la vía a licitar el servicio y adjudicarlo a una nueva empresa después de casi 60 años, la comunicó ayer el alcalde, Julio Millán (PSOE), en una rueda de prensa telemática, en la que aseguró que el siguiente paso será llevar a pleno la nulidad del contrato, algo que dijo espera poder hacer en el pleno ordinario de mayo o junio. Al mismo tiempo se seguirá trabajando para sacar a licitación la concesión.

Para Millán este dictamen es «un salto de no retorno» con el que se refrenda el compromiso del gobierno local (PSOE-Cs) de «no permitir más abusos en los servicios públicos en Jaén». «No tenemos nada que temer ni a nadie a quien temer», dijo el alcalde, apoyándose en un documento que va más allá de lo esperado y que asegura que el contrato con Castillo carece de «respaldo legal» desde 1967, es decir, desde hace 53 años, sin que ningún Gobierno local de cuantos han pasado por el Gobierno haya tomado medidas.

«Quiero lamentar que Jaén, como queda demostrado en el dictamen del Consejo Consultivo, haya sido secuestrada y sus vecinos hayan sido los rehenes» de un contrato que «nos ha negado el futuro y la modernidad en el transporte público en esta ciudad desde el año 1967».

«No se dirimir la responsabilidad política de corporaciones anteriores», contestó el alcalde a una pregunta al respecto. «No seré yo quien la pida», continuó. «Lo que ha quedado claro es que había cierta connivencia entre la acción de los equipos de Gobierno y la empresa», aseguró.

Según explicó la concejala de Presidencia, África Colomo, el dictamen de 48 páginas establece también que «no procede ningún tipo de indemnización de la empresa concesionaria». El Consejo Consultivo establece que la transformación del concierto de 1961 en concesión en 1967 ya fue «nula de plena derecho» por «no existir un proceso de contratación». Por lo que el contrato «carecía de respaldo legal y se ha venido manteniendo hasta la actualidad.

La conclusión del dictamen, dijo Colomo, es «demoledora» puesto que revela que la relación del Ayuntamiento y la empresa que ha venido prestando el servicio está «plagada de irregularidades desde el origen».

El siguiente paso a partir de ahora será llevar al pleno un acuerdo declarando la nulidad del decreto de Alcaldía de 2005, firmado por Miguel Sánchez de Alcázar (PP), en el que se establecía la prórroga de la concesión del servicio de autobús urbano por 25 años más.

Será en ese pleno cuando «los grupos políticos se retraten», especialmente el PP al que Colomo instó a que abandone «la complicidad con la empresa» y se ponga «de una vez por todas al lado del interés general».

Además, ya se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un contrato de emergencia que «sea puente con la licitación definitiva» del servicio y que permita seguir prestándolo de manera temporal. La idea es que el nuevo servicio de transporte urbano esté adjudicado en 2021.

Junto a esto descartó la posibilidad de que el servicio de autobús y el tranvía se liciten conjuntamente puesto que son dos administraciones diferentes a las que le corresponden este paso. Aunque sí dejó claro que sería conveniente que hubiera coordinación y se licitaran al mismo tiempo.

Desde el grupo municipal de Adelante Jaén indicaron que este dictamen es «una oportunidad» para recuperar este servicio y «replantearse el nuevo diseño de la movilidad en la capital jienense». Además, reclamaron transparencia en la concesión del servicio.