UPA y COAG ven «insuficiente» las medidas de apoyo del Gobierno al sector agrario frente a la sequía

Unas acciones, sin embargo, que no convencen a organizaciones como COAG, que las consideran «totalmente insuficientes». «De marzo de 2021 a marzo de 2022, el análisis realizado por los servicios técnicos de COAG recoge una subida interanual de un 96% en el precio de la energía y lubricantes, un 150% en fertilizantes y un 35% en piensos, partida que supone la mitad de los gastos totales en las explotaciones ganaderas», apuntan. Por ello, piden medidas «extraordinarias» y que se intervengan en el mercado fijando los precios.

Tampoco lo son para UPA que, aunque considera que «van por el buen camino», también serían «insuficientes». Entre las cuestiones que echan en falta, el secretario general en Jaén, Cristóbal Cano, destaca que «no contempla ayudas directas». «Esta medida se podría hacer mediante la dotación de fondos Feader no ejecutados por las comunidades autónomas», añade.

Con respecto al apartado de medidas fiscales y económicas, se incluyen una reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos); la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores, o se incrementará la dotación del seguro agrario. Además, el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), aunque en UPA echan en falta «la autorización, de forma inminente, de los adelantos de la PAC».

En esta apartado, COAG considera que la reducción de ese 20% del rendimiento neto puede suponer «un pequeño balón de oxígeno para los agricultores y ganaderos que coticen en este régimen». Por su parte, desde UPA insisten en la necesidad de «un paquete de medidas que amortigüe los costes de producción tan elevados que están soportando y que están poniendo al límite la viabilidad de miles de explotaciones. «Volvemos a reivindicar mejoras en lo que tiene que ver con la cobertura de los seguros agrarios, porque, aunque se contempla un aumento de la dotación presupuestaria, consideramos que la medida no es suficiente», destaca Cano.

En esta apartado también se pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector que para COAG «es muy limitada».

En el ámbito laboral, se recogen medidas de liquidez, como los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en SETA; de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %; se autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria, o se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria, entre otros. Para COAG la solución «no pasa por el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social a un interés reducido, del 0,5 %, porque antes o después hay que pagar la deuda acumulada y los intereses de la misma».

Del mismo modo, los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada podrán tener la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a efectos de la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.

Para poder disponer de recursos de agua desalada, se actúa también sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 €/m3, en toma de riego y con el coste del agua en la conducción Júcar-Vinalopó, fijándose unos precios por m3 de 0,295 € en toma de postrasvase.  

Además, se adoptan medidas urgentes para reducir los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, que serán de aplicación a determinadas unidades territoriales de escasez. Entre estas medidas destaca la reducción de entre el 50% y el 100% de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.

En cuanto a estas medidas, Cano considera «un paso positivo la reducción sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado». No obstante, «seguirán trabajando para conseguir que el precio sea siempre los 0,30 euros por metro cúbico que dicta la ley, sin que se limite hasta el año 2025 ni se aplique solo en periodos de sequía. Más aún cuando está previsto el establecimiento de energía solar para la transformación de esa agua y su disponibilidad para el regadío en provincias como Almería».

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Juan Francisco Serrano, valora el alcance del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno de España. «La provincia de Jaén y su sector olivarero reciben una vez más el respaldo y el aliento del Gobierno de Pedro Sánchez en un momento de dificultad. Las medidas son de profundo calado y supondrán un balón de oxígeno al sector», resume.

Destaca especialmente «la rebaja de las peonadas de 35 a 20 para poder acceder al subsidio agrario o a la renta agraria o el acceso a líneas de crédito ventajosas para garantizar la sostenibilidad financiera de las explotaciones agrarias», entre otras. «En definitiva, estamos hablando de una potente batería de medidas que suman 450 millones de euros para sostener y fortalecer al sector en un escenario crítico por la prolongada ausencia de lluvias y el incremento de los costes de producción. El Gobierno no puede acabar con la sequía, pero sí puede demostrar compromiso, sensibilidad y voluntad firme de arrimar el hombro con el campo andaluz y jienense», sentencia Serrano.