Edición

Borrar
Trabajadores de Aqualia, concentrados durante el pleno municipal en apoyo a la empresa. IDEAL
Aqualia defiende la legalidad de los convenios que ha anulado hoy el Ayuntamiento

Aqualia defiende la legalidad de los convenios que ha anulado hoy el Ayuntamiento

El gobierno local aprueba con el apoyo de la oposición el proceso para recuperar 38 millones y la empresa ofrece diálogo sin descartar los tribunales

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Martes, 22 de marzo 2022, 15:19

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Ayuntamiento de Jaén ha declarado nulos este martes, en pleno extraordinario, los tres convenios de los años 2006, 2010 y 2013 que modificaron «de forma notable y manifiestamente arbitraria» el contrato del servicio de agua de la ciudad, que supusieron «un quebranto económico para las arcas municipales que rondan los 38 millones de euros». Por su parte, Aqualia defiende la legalidad de dichos convenios, firmados por anteriores gobiernos municipales, manifiesta su inquietud «por la falta de seguridad jurídica», anque ofrece dialogar pero sin descartar la vía judicial.

La aprobación de la nulidad de los convenios ha salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno (PSOE y Ciudadanos) y del grupo de Unidas Podemos, la abstención de PP y Vox y el voto negativo de los tres ediles no adscritos, que han alegado falta de documentación.

El concejal

El concejal de Servicios Municipales, Francisco Lechuga, ha puesto en valor el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía, que en su informe ha dado la razón al Ayuntamiento. El pleno también ha aprobado solicitar la devolución de los intereses cobrados indebidamente por Aqualia, dinero con el que el Ayuntamiento pagará lo que adeuda a la empresa y el resto será para infraestructuras hidráulicas.

«Los ciudadanos de Jaén van a ver cómo hay un Consistorio que defiende sus intereses y que no se pone de perfil, dejando pasar situaciones tan graves como ésta», ha afirmado el concejal, que ha defendido la responsabilidad y el control de los servicios públicos que realiza el actual gobierno municipal. «Hay que elegir entre defender los intereses de la empresa, hasta ahora muy ventajosos, o los de la ciudad de Jaén, que eran lamentables», ha insistido.

El concejal ha explicado que la empresa adjudicataria estaba obligada a financiar obras en las redes de abastecimiento y saneamiento con un tipo de interés que debía haberse respetado, pero que fue modificado sucesivamente en favor de la empresa, «ocasionando un grave daño económico al Ayuntamiento y a los intereses de los jienenses».

Destino del dinero

Asimismo, los técnicos municipales estudiarán el destino de los nueve millones de euros que en 1997 pagó de canon la entonces Seragua, cuando el Ayuntamiento privatizó el servicio de agua. Una parte de aquellos 1.500 millones de pesetas se destinaron a la cubierta móvil del Auditorio de la Alameda, según informó el gobierno municipal de entonces.

Sobre la situación de los trabajadores, el concejal ha insistido en que lo aprobado hoy son cuestiones «exclusivamente de relación económica entre la empresa y el Ayuntamiento, no hay ningún problema laboral y para nada deben verse afectados». El concejal de Servicios Municipales ha hecho hincapié en que los asuntos abordados «no conllevan la nulidad del contrato, sino de tres convenios».

La empresa

Aqualia, por su parte, ha señalado en un comunicado posterior al pleno que el informe del Consejo Consultivo de Andalucía «no reviste valor jurídico que implique la obligación de la compañía de cumplir lo indicado por el equipo de Gobierno municipal» y que los convenios de 2006 y 2013 los aprobó el pleno municipal, a lo que no hace referencia al informe del Consejo Consultivo, mientras que el de 2010 fue acordado con el equipo de gobierno de la alcaldesa Carmen Peñalver para aplazar el pago de una deuda.

Aqualia defiende la legitimidad de estos acuerdos y dice que han permitido que el Servicio Municipal de Aguas de la ciudad haya ofrecido «un alto nivel de prestaciones». Manifiesta su inquietud por «la falta de seguridad jurídica que supone» que se cuestionen, «haciendo caso omiso a numerosas cuestiones jurídicas y contractuales» que la empresa ha planteado.

Concluye que esos acuerdos obtuvieron en su día los informes favorables de los técnicos municipales, tanto para su aprobación como para su posterior ejecución, por lo que la compañía, aunque reitera su «permanente disposición al diálogo», no renuncia «al derecho a defender sus intereses por todos los medios a su alcance». El Ayuntamiento también quiere un acuerdo, sin descartar tampoco otras vías para reclamar lo que considera indebidamente cobrado.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios