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Viernes, 5 de agosto 2022, 23:08
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La Audiencia Nacional resolvió el juicio iniciado el pasado 1 de marzo contra una decena de funcionarios acusados en la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo por el presunto reparto de comisiones de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, con la absolución de todos por la prescripción de los hechos en el caso de los que han resultado probados, o la no acreditación de los delitos atribuidos en otros casos.
Esta sentencia abarca la primera pieza de las delegaciones territoriales de administraciones y entidades locales de esta macrocausa; figurando una decena de acusados, entre ellos en Jaén estaban implicados el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz Garrido, quien según la Fiscalía habría recibido comisiones ilegales por valor 852 euros; el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios con 2.610 euros. Y el que fuese concejal popular del Ayuntamiento jienense de La Carolina Cristóbal Pérez Martínez con 38.929 euros.
El resto de acusados sería, entre otros, el funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso Lorenzo Iglesias, quien habría recibido 1.385 euros de la trama; el funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Rubén Francisco Galeote Espejo, que según la Fiscalía habría recibido 20.000 euros; el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Antonio Nicolás Méndez Cuadrado, por 5.800 euros; el ingeniero técnico de obras públicas de la unidad de carreteras el Ministerio de Fomento Alfonso Martín Barroso, con 67.336 euros; el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio, por obtener 111.822 euros, así como regalos de telefonía; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver, con 17.221 euros y dos coches en los que el encartado se habría ahorrado el IVA, y el funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero Pérez, con 25.400 euros.
Así, la Fiscalía les atribuía delitos de cohecho activo cometido por funcionario público, reclamando inicialmente para cada uno de ellos cuatro años de cárcel, multas de 6.000 euros y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Pero al comenzar la sesión, en la fase de las cuestiones previas, el tribunal anunciaba un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de siete de los acusados, en concreto con los inculpados Alfonso Lorenzo Iglesias, Alfonso Martín Barroso, Carlos Manuel Podio, Elías Oliver Morales, Francisco Javier Heredero Pérez, y los jienenses Luis Miguel González Palacios y Miguel Ángel Cruz Garrido, quienes reconocieron los hechos y comparecieron sin afrontar preguntas de las partes tras admitir lo ocurrido y su implicación.
De otro lado, no ha quedado probado que el que fuese concejal popular del Ayuntamiento jienense de La Carolina Cristóbal Pérez Martínez cobrase 38.929 euros de la trama.
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