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Miguel Ángel Contreras
Domingo, 29 de enero 2017, 01:42
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Miembros de la junta directiva de la federación vecinal OCO acudieron ayer a la Comisaría Provincial de Policía y al juzgado de guardia para presentar la denuncia por el cierre de su sede, en la calle Andújar del barrio de Las Protegidas, cuyo local sostienen ha sido embargado por error y sin notificación previa. Tras comprobar que «no se ha subsanado el error desde el martes», explicaba ayer su presidenta, María Cantos, denunciaron ante la Policía Nacional, personándose después con la denuncia correspondiente en el juzgado de instrucción número 1 de Jaén, que es el que está llevando a cabo el procedimiento de la sede.
Allí comprobaron, explica Cantos, que no se correspondía a su bajo sino al de Amigos del Festival de Otoño, habiéndose confundido A y B. Lamenta también la Federación de Asociaciones de Vecinos que desde el martes que se comunicaron con el alcalde y este se comprometió a hablar con los servicios técnicos, señala OCO, para que subsanaran el error «no se ha hecho». Estos les dijeron ayer que «no han recibido comunicación alguna».
Al Ayuntamiento de Jaén, propietario de este y varios locales más y viviendas en la comunidad de vecinos Virgen de la Capilla, le fue embargado hace unos años un inmueble por impago de la cuota a la comunidad y, después de un largo y complejo proceso para discernir a qué local corresponde la referencia registral del bien embargado, el juzgado decidió que era el de OCO. Esta semana se personó un agente judicial, que procedió al lanzamiento y al cambio de cerradura.
OCO expresa su «tremendo malestar por la inesperada situación sufrida cuando, sin conocimiento previo ni notificación alguna, la comisión judicial, acompañada del representante de la comunidad de propietarios de Las Protegidas, procedió al cambio de cerradura de la sede». «Hace un tiempo, ante las dudas surgidas, se aclaró que el inmueble objeto del embargo era el correspondiente a la actual sede de Amigos del Festival de Otoño, por lo que nuestra sorpresa ha sido mayúsculas ante lo acontecido». También culpan a la AAVV, presente cuando se produjo el cambio de cerradura «ellos sabían que el local no era», así como a los funcionarios «que no comprobaron que era el correcto, cuando existe un registro catastral».
Por 600 euros
La junta directiva de OCO denunció también «una serie de irregularidades». Señalan además que en la sede hay «documentos con datos personales, expedientes personales, material informático nuevo, talonarios, dinero en metálico para el pago de facturas, etcétera» y «la llave está ahora en posesión de una persona extraña».
Por último, critican la «nefasta gestión municipal que, por un impago de unos 600 euros, ha perdido un patrimonio inmobiliario muy superior en valor».
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