Alaya cita como imputados a otros tres jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía

La juez Mercedes Alaya, en una imagen reciente./
La juez Mercedes Alaya, en una imagen reciente.

Este miércoles declaran los jefes de servicio de Formación de la delegación de Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado; de Huelva, José Ángel Gil Flores, y de Jaén, José Luis Valentín

EUROPA PRESSJAÉN

La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha citado a declarar como imputados este miércoles a otros tres jefes de servicio de Formación de las delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía en Cádiz, Huelva y Jaén.

En un auto fechado el pasado 27 de mayo, la magistrada imputó a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputó pero no citó a declarar.

De este modo, la juez ha citado este miércoles a los jefes de servicio de Formación de la delegación de Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado; de Huelva, José Ángel Gil Flores, y de Jaén, José Luis Valentín.

La ronda de comparecencias se inició este martes con los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo, que se negó a declarar, y Daniel Fito García, cuya comparecencia ha sido aplazada al viernes, y el jefe de servicio de Almería, Blas Méndez Capel, que fue el único en responder a las preguntas de la instructora.

Alaya ha imputado a todos ellos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".

Omitieron inicar los expedientes de reintegro

A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".

Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".

En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 exaltos cargos de la Junta-- que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.