Edición

Borrar
Un agente de la UDEF con documentos intervenidos en la 'Operación Edu'.
La magistrada de la 'Operación Edu' devuelve el caso a Fiscalía tras 40 días

La magistrada de la 'Operación Edu' devuelve el caso a Fiscalía tras 40 días

Puede haber dudas para determinar qué juzgado es competente para instruir un procedimiento que se cerró en Jaén con 42 detenidos

Juan Esteban Poveda

Jueves, 23 de abril 2015, 00:30

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El 11 de marzo la Policía Nacional dio por concluida la 'Operación Edu' en Jaén, con un balance de 42 detenciones y 25 empresas investigadas. Las diligencias se llevaron al juzgado de Instrucción 4 de Jaén. Cuarenta días después, ninguno de los detenidos ha sido llamado a declarar, ni se han practicado nuevas diligencias en lo que se considera un fraude millonario en cursos de formación financiados por Junta de Andalucía. La causa no ha resuelto aún una cuestión previa: la duda sobre si el juzgado de Instrucción de Jaén es competente en esta causa. La magistrada Carmen Ballesteros ha decidido enviar la causa a Fiscalía. Juristas consultados en torno al caso indican que la única explicación es que se intenta dilucidar si se traslada lo que se ha hecho hasta ahora a un juzgado que centralice la investigación en toda Andalucía o si se divide en 25 microcausas, tantas como empresas investigadas, para continuar en los partidos judiciales que correspondan a esas sociedades.

Instrucción 4 de Jaén sólo tendría motivos para seguir investigando si se considera que había una 'trama' provincial orquestada por la delegación provincial de Empleo para repartir arbitrariamente las ayudas. Esta hipótesis es difícil de sustentar, ya que hay investigaciones similares en todas las provincias andaluzas.

De Granada a Alaya

De hecho, el juez que llega las mismas pesquisas en la provincia de Granada se inhibió hace dos semanas en a favor de Alaya, que desde Sevilla investiga también el supuesto fraude en los cursos de formación.

A juicio del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada es «altamente significativo que en todas las provincias andaluzas, presuntamente, se hayan reiterado las conductas investigadas, y siempre a favor de personas que estarían supuestamente relacionadas con personas o cargos afectos a la Administración y más concretamente a un signo político determinado».

Además, prosigue en un auto «no es concebible que el supuesto descontrol y desbarajuste en la concesión de subvenciones y su posterior control económico, denunciados en el informe de la Cámara de Cuentas, fuera desconocido por los superiores jerárquicos del responsable provincial investigado, y de sus superiores en Granada».

Responsables

Par el juez, «resulta patente que lo ocurrido en las distintas provincias andaluzas se haya podido realizar a la vista, ciencia y paciencia de quienes asumen legalmente la responsabilidad de gestionar y controlar dichas subvenciones, en su mayoría provenientes de fondos europeos, y que esta actuación o inactividad no sea investigada». El juez opina que «la división de este supuesto fraude masivo en compartimentos estancos quizá contribuya a un mayor orden o facilidad a la hora de gestionar procesalmente la investigación judicial», pero «desnaturaliza artificialmente la realidad de lo ocurrido, pretendiendo hacer recaer en un ámbito provincial determinado un asunto que deviene de esferas de actuación u omisión más amplias».

Como Alaya investiga desde Sevilla, sede de los superiores jerárquicos de los delegados provinciales, y además había pedido a otros órganos que cesasen en sus investigaciones sobre el fraude en la formación, este magistrado entiende que es ella quien debe seguir.

Los juristas consultados estiman que también se podría considerar que no existe una trama orquestada para defraudar con los cursos, sino muchos pequeños fraudes. Ese criterio también despojaría de la causa a Instrucción 4 de Jaén: se quedaría sólo con lo instruido sobre ocho empresas del partido judicial de Jaén, y el resto iría a los partidos judiciales donde estaban radicadas esas empresas.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios