Partidas sacrificadas y tasas en el aire, la 'cara B'

Se darán así reducciones significativas en algunas de las partidas que se planteaban como claves para la presidencia de la Comisión Europea, dentro de ese plan de recuperación denominado 'Next Generation EU'. Así, se desploma la asignación prevista del fondo Transición Justa, columna vertebral del Gran Pacto Verde, que merma de 30.000 millones a 10.000 millones. El programa para la investigación científica cae de 13.500 a 5.000 millones; el de inversiones se queda en 5.600, cuando lo que pretendía el Ejecutivo comunitario era dotarlo con más de 30.000. Y lo mismo sucede con otro fondo, el de desarrollo agrícola, que se recorta a la mitad; recibiría poco más de 5.000 millones.

Ajustes al margen están las incógnitas de la financiación. La obtención de recursos extraordinarios vía impuestos (plástico, emisiones o internet) que permitan compensar el desembolso extra del plan. Se aboga por una tasa digital (a Google, Facebook, Apple, etc.) para finales de 2021. ¿El cálculo? Entrarían 1.300 millones de euros anuales en las arcas comunitarias.

Aquí el problema es que los socios llevan enzarzados desde hace años con ese impuesto y, además, ha sido otro motivo más de conflicto con la Administración de Donald Trump, que amenaza con castigar con aranceles a quienes la apliquen por su cuenta. Otras fuentes de ingresos previstas sumarían entre 5.000 y 14.000 millones (carbono en frontera), o 10.000 millones (derechos de emisión).

El otro frente crítico de esta negociación era el refuerzo de la condicionalidad del respeto al Estado de derecho. En esto Mark Rutte también se había mostrado insistente. El problema se lastra desde hace años. Y en la cumbre de febrero, en la que se debatió por primera vez este presupuesto 2021-2027, ya estuvo encima de la mesa y fue motivo de enfrentamiento.

¿El objetivo? Dejar claro que el acceso a los fondos europeos estaba ligado a ese principio fundamental en la UE. Pero tanto Polonia como Hungría, dos países recriminados y expedientados desde Bruselas en varias ocasiones por sus derivas políticas autoritarias, siempre se han negado en redondo a que esa condición se recoja como cláusula con peso. Y lo que aparece finalmente es muy descafeinado.

El texto prevé introducir esa «condicionalidad» para «proteger» tanto el fondo como los propios presupuestos, y deja en manos de la Comisión proponer «medidas en caso de infracciones». Los líderes, por mayoría cualificada, deberían decidir si se deben aplicar. La redacción fue aceptada por unanimidad antes de ese receso técnico de cinco horas que precedió al anuncio del acuerdo global. Porque lo importante era no abrir otro frente que frustrase lo principal: el acuerdo para la recuperación.