La apertura de una oficina de derechos humanos en Seúl enfurece a Pyongyang

La oficina, inaugurada el martes con objeto de supervisar y documentar abusos contra la población del régimen de Kim Jong-un, "es una herramienta conspiradora e ilegal de EE UU y sus seguidores para ahogar a la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país)", ha señalado la agencia estatal KCNA en un comunicado.

El Comité para la Reunificación Pacífica de Corea, que suscribe el comunicado, asegura que el Gobierno surcoreano y su presidenta, Park Geun Hye, "asumirán por completo desde este momento la responsabilidad de todas las consecuencias catastróficas en las relaciones entre Norte y Sur".

Informe demoledor

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) abrió a petición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el demoledor informe de marzo del año pasado sobre los abusos contra la población que practica la dictadura de los Kim.

El informe, basado en los testimonios de más de 240 refugiados norcoreanos, reveló evidencias de exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas o violencia sexual, entre otros crímenes perpetrados por el régimen comunista.

Corea del Norte, que considera que el informe es inventado y obedece a los intereses de EE UU para derrocar su régimen socialista, ha vuelto a calificarlo hoy como "un engaño", y ha asegurado que "carece de credibilidad al estar motivado por el prejuicio extremo y objetivos políticos insidiosos", según el comunicado.

Desde la publicación del documento la comunidad internacional ha elevado su presión sobre Pyongyang hasta el punto de que la Asamblea General de la ONU aprobó en noviembre una resolución no vinculante para llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) las violaciones de derechos humanos del régimen norcoreano. El asunto pasó a manos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque todavía no se ha sometido a votación en ese organismo ya que se asume que China o Rusia, aliados de Corea del Norte, ejercerían su derecho de veto para evitar que el caso llegue a la CPI.