De abogada defensora de derechos humanos a «terrorista»

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, anunció el viernes pasado que seis organizaciones no gubernamentales palestinas pasaban a ser consideradas «terroristas». Addameer, que desde 1992 trabaja en la defensa de los derechos de los prisioneros palestinos tanto en Israel como en los territorios ocupados, es una de ellas.

«Pueden venir en cualquier momento a cerrar la oficina, nos pueden detener, confiscar material, congelar cuentas, limitar movimientos. pueden hacer lo que quieran y nosotros no podemos ni defendernos porque los cargos que nos imputan son secretos», denuncia Francis. Junto a Addameer, Al Haq -fundada en 1979, Defense for Children International-Palestine-, el Centro Bisan para Investigación y Desarrollo, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola pasan a ser «terroristas» y se suman a una lista en la que también figuran los Health Work Committees (HWC), la ONG a la que pertenece la cooperante española Juana Ruiz, en prisión desde hace seis meses.

En todos estos casos, Israel les acusa de desviar parte de sus fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo marxista que está incluido en la lista de organizaciones terroristas de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Sin embargo, al tratarse de un caso que lleva la justicia militar todo el material supuestamente probatorio es clasificado.

«Si defender durante 30 años los derechos humanos es terrorismo, es un honor ser terrorista. Estamos ante una medida peligrosa que muestra la cara fascista de un Estado que se juega su última carta para silenciar a defensores de derechos humanos», opina la directora de Addameer. Las muestras de solidaridad y las condenas a Israel no paran de llegar. Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) denunciaron que «durante décadas, las autoridades israelíes han buscado sistemáticamente amordazar la vigilancia de los derechos humanos y castigar a quienes critican su Gobierno represivo sobre los palestinos». Desde el otro lado del muro 24 organizaciones israelíes han mostrado su repulsa a la decisión anunciada por Gantz.

Estados Unidos, por su parte, pidió explicaciones al Gobierno hebreo sobre lo ocurrido porque nadie le informó previamente de esta decisión. La misión de la Unión Europea en Palestina se sumó a esta petición de explicaciones y recordó que «pasadas acusaciones de este tipo sobre malversación de fondos europeos por parte de socios palestinos nunca fueron fundamentadas».

En la sede de Addameer aprecian el gran apoyo recibido en los últimos días y Francis recuerda que «nosotros trabajamos de forma seria y diaria con HRW, AI y otras muchas organizaciones de todo el mundo, nos conocen bien. Esperamos que el apoyo externo sirva de presión a Israel -apuntan- para que dé marcha atrás porque esto no es solo un ataque contra la sociedad civil palestina, sino también contra todos los que nos apoyan».

Francis viajó a España con el objetivo de denunciar el acoso israelí a las organizaciones no gubernamentales palestinas y recordar que Juana Ruiz lleva seis meses en «detención administrativa», la fórmula empleada por Israel para encarcelar a palestinos sin juicio ni acusación alegando, en la mayoría de casos, que planean cometer algún delito. «Su caso muestra claramente la arbitrariedad del sistema militar que aplica Israel en los territorios ocupados -criticó-. Fue interrogada durante un mes y aunque lleva tres décadas aquí su árabe es básico, le gritaban, le presionaban y le forzaron a firmar una declaración en árabe que era incapaz de leer. Así funciona el sistema de la justicia militar».