El urbanismo del desarrollismo especulativo

La especulación del suelo malogró toda la ordenación urbana. Hasta 1956, el urbanismo español se había venido rigiendo por una serie de disposiciones que, promulgadas en muy diferentes fechas, no integraban un conjunto orgánico. Esta legislación estaba constituida básicamente por las leyes de Ensanche y Extensión, de 1882; de Saneamiento y Mejora Interior, de 1895; de Solares, de 1945, y, finalmente, con carácter general, por diversos artículos de la Ley de Régimen Local, de 1955, además de otros preceptos complementarios de muy variado rango jerárquico o con ámbito limitado a ciertas ciudades. Normativa claramente insuficiente para afrontar y resolver la ordenación urbanística que exigía España en la década de los 50 del pasado siglo.

Hasta la promulgación de la Ley del Suelo y Ordenación Urbanística de 12 de mayo de 1956, la normativa con vigencia en todo el territorio del Estado contemplaba la acción urbanística desde una perspectiva puramente local y circunscrita a su reducido ámbito. El fin de ordenación se satisfacía con solucionar los problemas abandonando el régimen del suelo a la más amplia autonomía de voluntad y a la libertad de tráfico, lo que facilitó la especulación de los detentadores de suelo.

Dos plenos

Poco antes de la entrada en vigor de la Ley de 1956, que pretendió poner orden en el urbanismo tratando de limitar la especulación, el Ayuntamiento de Granada aprobó, sorprendentemente, la modificación de las ordenanzas de construcción de 1949.

El 17 de junio de 1955, justificándolo en atención a las necesidades de vivienda de la población, el pleno municipal aprobó por unanimidad la modificación de la zonificación determinada por el Plan de 1951 en las zonas de la avenida de Cervantes, Zaidín y el espacio entre las carreteras de Santa Fe y Pinos Puente, que quedaron incluidas en la 'Zona X' (bloques abiertos), extrayéndolas de la 'Zona XI', (Ciudad Jardín). Posteriormente, en el pleno de 13 de junio de 1959, una nueva modificación vino a complementar y a apuntar la anterior facilitando, ya vigente la ley del 56, una nueva multiplicación de la edificabilidad, no sólo en las zonas de expansión y de desarrollo, sino también en el interior de la ciudad en las áreas no protegidas ('Zona I, Histórico-Artística'). Ello, en la práctica, supondría dejar la puerta abierta a la multiplicación horizontal del suelo programado y de las propiedades, lo que arrojaría a la postre un alto costo urbanístico para el futuro de la ciudad, que se vio sometida a un desarrollismo salvaje.

Una petición

En atención a la petición del gerente de la inmobiliaria granadina San José, interesando en que no se redujera la planta de áticos que figuraba en el proyecto para el que había solicitado licencia de construcción en la avenida de Andaluces, se generaría la superación de los límites de edificabilidad establecidos en el Plan de 1951. Caso contrario, se argumentaba en la petición, «se produciría una significativa merma del número de viviendas y la quiebra de la sociedad, cuando permitir la construcción en nada perjudicaría el orden urbanístico de la vía». El arquitecto municipal informó en sentido favorable, «considerando las múltiples consultas que se formulan en casos similares», proponiendo que «la corporación debía adoptar una resolución de carácter general favorable a estas pretensiones, facilitándose de ese modo un considerable aumento del número de viviendas y porque las ordenanzas no lo prohibían expresamente».

El delegado municipal, señor Estella, expresó hallarse en todo conforme con la opinión del arquitecto, añadiendo que «la aprobación no perjudicaría en nada los derechos urbanísticos ni la visibilidad externa de la calle, así como se colaboraría con la actuación oficial, al aumentarse el número de viviendas, y mucho más, cuando por tratarse de áticos, se lograban pisos que por su precio más bajo vendrían a favorecer a las clases más necesitadas».

Desarrollismo

Así pues, la tensión urbanística comenzó a desatarse con la señalada modificación de las ordenanzas de construcción. La ciudad quedó abierta como un tablero de juego para las promotoras. La extensión de la 'Zona X' del Plan del 51 y el aumento desproporcionado de la edificabilidad implicó, junto a otros presupuestos determinantes, el desarrollo de zonas como el Camino de Ronda, Cervantes o el interior de la ciudad consolidada, como la Acera del Darro o la Acera de Canasteros, que se transformaron desconsideradamente. 'Bloques abiertos' exagerados, de una estética incalificable y de una construcción en mucho indecorosa, se extendieron como setas en pocos años con el pretexto de dar vivienda barata a la población.

Ejemplos de las consecuencias derivadas del cambio en la normativa municipal, no faltan. Aunque tal vez, y vaya por delante, lo más llamativo es comprobar que, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de 1956, Granada no elaboró un planeamiento amoldado a sus previsiones hasta 1973. Incumplimiento, hay quien opina, interesado y medido para eludir los controles derivados de la nueva ley.

Un momento decisivo

Un estudio liviano de lo sucedido permite pensar que la situación se desenvolvió por estos derroteros hasta la consecución de un hecho inicialmente colateral como fue la fundación del Banco de Granada, que resultaría decisivo para la evolución del urbanismo de la ciudad.

La irrupción de su promotora, Granadaban, que obtuvo licencias para la construcción en Gran Vía o para el desarrollo del suelo en zonas estratégicas como Calvo Sotelo -hoy Constitución- o Fuentenueva, principalmente, además de actuar en otros espacios decisivos como Sierra Nevada, sobre los que el Ayuntamiento de Granada y sus dirigentes proyectaban sus intereses, determinaría un nuevo empuje al modelo de desarrollismo impuesto en la década anterior, quedando la ciudad a merced de las promotoras e implantándose un urbanismo desmesurado.