El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones

De acuerdo al auto, que ha sido dado a conocer este lunes en la comisión informativa de Presidencia, el magistrado que lleva el caso ha aceptado los argumentos del Ayuntamiento de Granada, que había advertido que la normativa recogía excepciones a la limitación, como el acceso a centros sanitarios, administrativos y judiciales, así como la entrada de trabajadores economicamente más débiles o vulnerables y de estudiantes.

El juez también ha validado la justificación municipal de la zona de bajas emisiones dada por la capital. En su defensa, la representación de Granada había determinado que la ordenanza «propende a la preservación del interés general asociado a la defensa del medio ambiente y la salud» y señalaba que «debe prevalecer frente a otros intereses de menor relevancia y, por ende, susceptibles de menor protección».

Son estos los motivos por lo que el magistrado ha descartado aceptar las medidas cautelares solicitadas por Armilla, que había interpuesto el recurso al considerar que la zona de bajas emisiones perjudicaba a los vecinos del municipio al excluir de la limitación a los ciudadanos de la capital. La decisión, sin embargo, no supone el fin del proceso, cuya resolución definitiva sigue pendiente aún.

Durante la comisión, el portavoz municipal, Jorge Saavedra, ha asegurado que se trata de «un buen día para la que ciudad que, ante un ataque político, recibe una victoria parcial en el ámbito de la cautelar». El dirigente ha defendido que la zona de bajas emisiones responde a un «buen trabajo» por parte del equipo de gobierno de Marifrán Carazo y ha recordado que su puesta en marcha responde «a una imposición legal, pero también a la necesidad de tomar medidas para preservar la calidad del aire».

Saavedra ha reconocido que quedan por resolverse otras demandas interpuestas por otros consistorios, pero ha mostrado su confianza en que corran la misma suerte y ha pedido que «se dejen los intereses políticos a un lado» al tratar la zona de bajas emisiones.

Las palabras de Saavedra han encontrado la respuesta del grupo municipal socialista, que ha pedido al dirigente que matice sus declaraciones. «En vez de hablar de victoria y de ataque en la zona de bajas emisiones, habría estado bien hablar de consenso y de reunión con los alcaldes metropolitanos», ha dicho la edil Ana Muñoz, quien ha subrayado que la judicialización de la iniciativa no responde a «intereses políticos», sino «a que se active de la mejor manera posible para todos». «Vamos a dejar las victorias y vamos a buscar los consensos», ha afirmado la concejala.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha asegurado que respeta la decisión del magistrado, pero que no la comparte y ha indicado que, a su juicio, «se ha perdido la oportunidad para empezar de cero y construir un área metropolitana más justa y sostenible y en la que todos seamos tratados por igual». «La movilidad requiere diálogo y confío en que nuestro recurso acabe imponiéndose», ha dicho antes de asegurar que el consistorio que lidera seguirá defendiendo «los derechos de nuestra gente y los del resto del Área Metropolitana».