El TSJA confirma la condena de una procuradora de Olivo a un año y medio de cárcel

El TSJA confirma la condena de una procuradora de Olivo a un año y medio de cárcel

El alto tribunal cree que la acusada cometió apropiación indebida al retener 336.000 euros del promotor como medio de presión para cobrar sus honorarios

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGRANADA

Aunque fuera como medio de presión para cobrar sus honorarios, hubo apropiación indebida. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la condena a un año y medio de prisión que la Audiencia de Granada impuso a una procuradora de Tomás Olivo por retener en su cuenta 336.245 euros de la empresa General de Galerías Comerciales, promotora del centro comercial Nevada.

IDEAL ha tenido acceso a la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal andaluz, que considera que la profesional cometió el delito en el momento en el que le fue reclamado el dinero expresamente por la empresa y dejó de estar condicionado tácita y provisionalmente al abono de sus facturas. El dinero procedía de la devolución de una cantidad retenida a la empresa por el juzgado de lo Mercantil.

El alto tribunal andaluz considera que hay que dividir los hechos en dos: los ocurridos antes del 21 de junio de 2016 y los que acontecen a partir de esa fecha. Antes de ese día no hubo delito. Después, sí. El motivo es que hasta ese día existían relaciones profesionales entre la empresa y la acusada «de total confianza». Aunque esta ya había retenido el dinero, no existía en ella «un ánimo de apropiarse de cantidad ajena» contra la voluntad de la promotora de Tomás Olivo, la cual «aceptó tácitamente condicionar, al menos temporalmente, la reclamación de cobro, entre tanto se estudiaban las facturas (...) remitidas por la acusada».

Los magistrados ven el delito en la negativa a devolver la suma cuando la empresa se lo requirió

Sin embargo, el 21 de junio de 2016 se produce un cambio total de escenario y «cualquier supuesto beneplácito» de la empresa termina «de forma clara». Y es que ese día la promotora envía dos comunicaciones. Una, dirigida al abogado a quien la procuradora había encargado la gestión del cobro de sus honorarios tras sus intentos fallidos. La otra, dirigida a la propia procuradora, a la que se le requirió para que procediera «de inmediato al reintegro o puesta a disposición» en la cuenta de General de Galerías Comerciales de los 336.245 euros y de otros 52.000 que tenía retenida con autorización.

Un millón de euros

La procuradora reclamaba más de un millón de euros por su trabajo durante más de una década. Sin embargo, la empresa sólo aceptaba abonarle 25.303 euros, una cantidad que el abogado de la profesional rechazó «de plano» el 6 de julio de 2016. Sólo aceptaba esa cantidad «como pago a cuenta de lo debido». Asimismo, comunicó a General de Galerías Comerciales que era intención de la procuradora llegar a una «acuerdo satisfactorio», a fin de que la liquidación de lo que consideraba que todavía se le adeudaba se efectuara de forma «ordenada y de mutuo acuerdo». Finalmente, seis días después, el 12 de julio de 2016, la acusada procedió a transferir a otra cuenta aparte las cantidades retenidas. La querella de la promotora se presentó el 2 de agosto.

El alto tribunal entiende que la acusada trató de presionar mediante la retención de esas cantidades para que la sociedad a la que prestó sus servicios durante una década procediera al pago de las facturas conforme a la liquidación que ella proponía. Pero «lo cierto -añade- es que se está sirviendo indebidamente de un dinero que tenía la obligación de entregar» y que la empresa «le reclamó de manera ya sí inequívoca».

Así, establece que, a partir de la comunicación del 21 de junio de 2016, la procuradora «carecía de toda justificación para demorar la transferencia de las cantidades recibidas a favor de la sociedad». El dinero siempre estuvo en una cuenta y la defensa de la procesada acreditó que nunca se produjo una distracción de aquella suma. Pero el TSJA opina que su negativa a devolverlo, que se prolongó hasta la interposición de la querella, sí integró ya un delito.

La procuradora recurrirá ahora ante el Tribunal Supremo, pues está convencida de su inocencia.«Consideramos que la sentencia, a pesar de confirmar la de instancia, es positiva, al dejar claro que hay un largo período inicial en el que no hay ningún tipo de delito, incluso modifica los hechos probados», ha subrayado a IDEAL su letrado, Ernesto Osuna. Este ha resaltado que la procuradora llevaba casi diez años sin cobrar sus honorarios, y que fue tras encargar a un profesional del Derecho reclamarlos para conseguir liquidarlos cuando la sentencia considera que «esa última etapa es la constitutiva de apropiación y por ello confirma la sentencia condenatoria». Para la defensa, «falta ese ánimo de hacer suyo el dinero, puesto que la suma estuvo siempre en la cuenta de la procuradora». Recuerda así que el dinero fue consignado en el juzgado mucho antes del juicio «y ha sido ya íntegramente abonado al querellante».