Narcos en Granada

Tres millones sin justificar, vidas a todo tren y coches de lujo: el clan de los Mararas, a juicio

De hecho, este juicio por blanqueo de capitales, previsto para el próximo marzo en la Audiencia de Granada, se producirá después de que la mayoría de los acusados ya hayan sido condenados en firme por delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas por sus actividades delictivas.

Los miembros de este clan, asentado cerca de la plaza Rey Badis, en cuyas inmediaciones tenían sus domicilios la mayoría de los acusados, conformaron una estructura jerárquica estable con reparto de funciones entre sus miembros y con vocación de permanencia en el tiempo, según expone el fiscal del caso. Su actividad se centraba en la plantación, compra, transporte y venta de cannabis y resina de cannabis, especialmente a Alemania.

Entre los medios para alcanzar sus fines, la Policía encontró vehículos, armas, munición, chalecos antibalas, drones, dispositivos GPS y otros medios tecnológicos. Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, los acusados «no se limitaron al mero disfrute o aprovechamiento directo» de sus ganancias con el tráfico de drogas sino que presuntamente realizaron operaciones para ocultar el dinero que obtenían y para introducirlo en el circuito legal.

El Ministerio Público cifra en tres millones de euros el total del patrimonio no justificado y, por lo tanto, aflorado por parte de los acusados. Para ello, constituyeron supuestamente diversas sociedades carentes de actividad para canalizar el dinero y simularon relaciones laborales y mercantiles entre personas físicas y empresas para justificar sus ganancias. De hecho, la causa también se dirige contra tres sociedades que habrían sido constituidas por los miembros de este clan con este objetivo.

La Fiscalía también les acusa de adquirir vehículos de alta gama e inmuebles en efectivo formalizando contratos de compraventa por un precio muy inferior al del mercado para, una vez vendidos a su precio real, poder justificar el beneficio de estas operaciones. Se refiere el fiscal concretamente al periodo comprendido entre 2015 y 2020, cuando materializaron operaciones de este tipo de gran calado económico a pesar de carecer «absolutamente» de fuentes de dinero legales que lo justificasen.

A ello suma el fiscal la contratación de préstamos en los que se empeñaban piezas de joyería comprada con dinero en efectivo. Por todo ello, solicita una condena de seis años de prisión para cada uno de ellos y multa de 9,1 millones de euros.