Trece mil multas por el estado de alarma siguen aún sin notificar en Granada

¿Perderá validez esta infracción si se notifica una vez agotado el estado de alarma? «Al final del decreto de alarma venía un texto que daba a entender que sí, pero nos estamos encontrando en los recursos que no está nada claro y están dando por buenas estas sanciones aunque se notifiquen después del estado de alarma. Ahora bien, hay muchas otras cuestiones interesantes que alumbran la esperanza de que tras un recurso o ya en la vía de lo contencioso se pueda ganar». Las palabras son del abogado y doctor en Derecho Joaquín Herrera quien tramita en estos momentos unos setenta recursos de personas sancionadas de distintos puntos de España.

«Muchas sanciones fueron impuestas por desobediencia a la autoridad tal y como viene contemplado en la conocida como 'Ley Mordaza', pero la desobediencia era hacia un decreto no a la autoridad. Con buenas alegaciones hay base para poder recurrir las sanciones», apunta este abogado.

Subdelegación del Gobierno tiene registradas 20.000 sanciones impuestas por las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos durante el estado de alarma, es decir, desde el pasado 14 de marzo hasta que finalizó el domingo 21 de junio. Teniendo en cuenta 20.000 de estas multas, la suma de la penalización económica supera los 12.000.000 euros, aunque está claro que al Estado le costará mucho trabajo ingresar ese dinero debido a que hay muchos infractores que se declararán insolventes.

Buena parte de las sanciones impuestas durante las primeras semanas de confinamiento en la capital granadina iban dirigidas a indigentes que vivían en la calle y carecen de medios económicos, por lo tanto, difícilmente las podrán abonar.

Las multas van desde los 601 euros hasta los 30.000 en casos graves, aunque los sancionados se pueden beneficiar de una reducción del 50% con el llamado pronto pago si renuncian a los recursos administrativos (todos los millones de euros recaudados irán a las arcas del Estado).

Al menos, tras la notificación de las 5.000 primeras sanciones, la subdelegación del Gobierno no registró la presentación de ningún recurso contra estas multas.

En el caso del delito de desobediencia imputado, en su mayor parte, a los detenidos durante el estado de alarma en Granada, se ha abierto un debate jurídico sobre su recorrido procesal. Aunque en la mayoría de los casos se han alcanzado conformidades, varios juzgados penales de otras provincias españolas han absuelto a detenidos por este delito. Además, las resoluciones coincidían en que el incumplimiento reiterado de una norma administrativa no puede ser un delito de desobediencia, ya que los sucesivos incumplimientos pueden ser objeto de sus correspondientes sanciones administrativas, «pero nunca una infracción penal».