Juzgados de Granada

El traslado de los juzgados al Cubo supondrá una inversión superior a los 40 millones

El dirigente hizo estas declaraciones durante su visita al consistorio, donde mantuvo un encuentro con la alcaldesa, Marifrán Carazo, para la firma de un convenio que promueve la reeducación de menores infractores con la ayuda del Ayuntamiento. En la rueda de prensa posterior, a preguntas de los periodistas, apuntó que el precio de adquisición rondará los 25 millones de euros, que incluye tanto el coste en sí del inmueble como los impuestos que deben abonarse para efectuar la operación.

A esa cantidad, sin embargo, habría que sumar otros 12 o 13 millones de euros que, según explicó, se requerirán para la transformación del edificio y otros dos o tres más para el traslado en sí del personal y de los equipos vinculados a los juzgados, motivo por el que apuntó que la inversión total superará seguramente los 40 millones de euros.

Más allá, Nieto aseguró que los trabajos para el traslado de los juzgados a la antigua sede de la entidad bancaria avanzan y confirmó que los asesores jurídicos de la Junta y de La Caixa trabajan ya en la redacción del contrato que permitirá la operación. En paralelo, el Gobierno autonómico ha recibido permiso para que, mientras se pulen los detalles técnicos, su equipo de arquitectos puedan trabajar en la remodelación que requiere el inmueble.

Se trata, no obstante, de una operación que entraña pocas complicaciones. El diseño del edificio, cuyo interior está prácticamente vacío, puede facilitar la llegada de tribunales y la asimilación de los despachos asociados a los jueces y demás personal, motivo por el que se espera que los trabajos vayan más rápido que si el inmueble presentara otras características.

Pese a todo, Nieto prefirió no hablar de fechas. El dirigente explicó que los trámites que se requieren necesitan de tiempo y, junto a las obras que se deben efectuar, hacen difícil precisar «si será 2024 o cuándo». Pese a ello, sí insistió en que la voluntad de la Junta de Andalucía es que el traspaso se realice «lo antes posible».

El consejero, por otra parte, se refirió al convenio firmado con el Ayuntamiento. Según explicó, ambas administraciones van a colaborar para que los menores infractores cumplan medidas judiciales como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales, así como para que la Policía Local supervise la libertad vigilada y estancias de fin de semana de estos jóvenes con sus familias.

El responsable agradeció la colaboración de las entidades locales para que los menores puedan ejecutar estas medidas que persiguen su reeducación y su recuperación para la sociedad, tras una situación de conflicto a la que les han llevado diferentes circunstancias.

La alcaldesa, por su parte, señaló que las tareas a desempeñar por los jóvenes irán desde el mantenimiento de instalaciones deportivas, limpieza y mantenimiento de jardines y parques, espacios públicos y mobiliario urbano, apoyo a Servicios de Protección Civil Municipal u otras actividades relacionadas con servicios a la comunidad y a la población, como acompañamiento a mayores o personas con discapacidad. También podrán prestar apoyo a distintos centros o espacios municipales donde puedan desarrollar actividades productivas.