El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados

En la situación inicial en la que se encuentra la investigación, la magistrada, Susana Alvarez Civantos, considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, abuso de información privilegiada, fraude en la contratación, cohecho, grupo criminal, falsedad documental, omisión del deber de denunciar delitos, extorsión, coacciones y amenazas. Los procesos selectivos que están en cuestión son dos convocatorias de nuevo ingreso de 40 y 32 plazas que se celebraron en 2019 y 2022 en Granada, así como las oposiciones de Algarinejo (2022) y Albolote (2024).

Sin embargo, según un auto fechado ayer, día 5 de noviembre, al que ha tenido acceso IDEAL, no se descarta la existencia de más investigados dado que «queda por analizar nuevos dispositivos que podrían vislumbrar la existencia de otro grupo dentro del cuerpo policial que también cometió fraude en las oposiciones». No se descarta tampoco «la posible existencia de nuevos indicios» contra los ya investigados.

Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) practicaron a finales de octubre un último registro en la vivienda de un subinspector de la capital, incautando material de sus dispositivos electrónicos que debe ser analizado todavía.

Las inspecciones de los investigadores se efectuaron en tres golpes desde principios de 2025. El juzgado decretó el secreto de las actuaciones el pasado 6 de febrero y prolongó la reserva de las diligencias hasta el pasado 28 de octubre.

Por ahora, los investigadores concluyen que el grupo actuaba siguiendo presuntamente las instrucciones e indicaciones de los máximos cabecillas, el exjefe y superintendente José Manuel Jiménez Avilés y otro intendente, para facilitar que aprobasen las oposiciones a las personas que designaban, entre los que se encuentran hijos, familiares y allegados. La trama urdida habría colocado a los aspirantes «presuntamente en connivencia con los miembros de los distintos tribunales». También facilitaban las preguntas del examen teórico y supuesto práctico y controlarían además la contratación del psicólogo que realizaría el segundo ejercicio (pruebas psicotécnicas y entrevista) «siguiendo las indicaciones de los máximos cabecillas».

Los líderes prometían presuntamente al tribunal examinador que en un futuro favorecerían sus promociones de ascenso a las categorías superiores. Además, también señala a dos funcionarias del Ayuntamiento que habrían dictado presuntamente resoluciones injustas o arbitrarias en los proceso de contratación.

De acuerdo con los investigadores, contactaban mediante aplicaciones de mensajerías instantánea como Whatsapp y Telegram que «son de difícil rastreo al estar codificadas» y por estos canales se enviaban las preguntas, daban parte de a quienes se tenía que favorecer en el proceso de la oposición y de los miembros que compondrían el tribunal.

Entre los investigados figuran un superintendente, un intendente, tres subinspectores, un inspector o siete agentes rasos. Dos de los policías locales, que participaron en los tribunales de Algarinejo, pertenecen a Loja y Almuñécar. Por otra parte, se ha imputado a varios agentes relacionados con el sindicato SIPLG.

El tribunal destaca que en las pruebas convocadas en 2019 en la capital para 40 plazas se presentaron 528 opositores. En relación directa a los que finalmente aprobaron el proceso selectivo, «llama poderosamente la atención» que al menos 16 de los 25 primeros son familiares directos de policías locales. Estos aspirantes prepararon su oposición en dos escuelas, una de ellas vinculada al SIPLG. Son todos ellos hijos, sobrinos o yernos de otros agentes de la Policía Local. El juzgado identifica de momento a diez aspirantes perjudicados por estos procesos.

En lo relativo a las pruebas de Algarinejo, se presentaron 54 opositores para cubrir tres plazas. Dos de los que finalmente aprobaron son hijos de policías locales de Granada. En esta oposición, la primera prueba que se realiza por uno de los técnicos investigados es una evaluación psicológica «cuando la gran mayoría de oposiciones a cuerpos policiales la primera prueba es la de conocimientos teóricos». Si se comprobara que la prueba se amañó, los perjudicados ascenderían a la totalidad de los aspirantes que se presentaron. El juzgado ha solicitado a la Facultad de Psicología ayuda para analizar la convocatoria.

El juzgado continúa el estudio de las oposiciones de la capital celebradas en el año 2022 y de Albolote, convocadas en 2024 y que quedaron suspendidas a la luz de las investigaciones. Cabe recordar que el pasado mes de julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicaba nuevos registros en las dependencias de la sede de la Policía Local de Granada, en la Huerta del Rasillo y en Mondragones.

Los efectivos requirieron toda la documentación vinculada al proceso selectivo convocado en julio de 2022. Las pruebas estaban pensadas para dar cobertura a 32 plazas de agentes de la Policía Local, 26 por el turno libre y 6 por el turno de movilidad. En concreto, se demandaron los originales de los cuatro ejercicios que realizaron los aspirantes, así como las plantillas de corrección, las actas del tribunal y las listas de aprobados y de personas propuestas. Los miembros de la UDEF también pidieron documentación específica de una veintena de agentes, buena parte de ellos integrantes de la cúpula policial entre 2020 y 2025. Los efectivos demandaron la documentación de todos los tribunales tanto de acceso como de ascenso en los que hayan formado parte en los últimos cinco años. La UDEF requisó también en la Huerta del Rasillo los dispositivos electrónicos de uno de los subinspectores investigados. Por último, el pasado 27 de octubre los agentes de la Policía Nacional entraron en la vivienda familiar de un oficial de la capital. Tras estas actuaciones se procedió a levantar el secreto de sumario.

Esta semana se comenzará a citarles para que comparezcan en sede policial con carácter informativo y preliminar, sin perjuicio de su posterior declaración judicial ante la magistrada.