El PP teme que Cuenca haya utilizado a funcionarios y recursos del ayuntamiento "en su cacería personal para intentar acabar con nosotros"

Su coordinador, Juan Antonio Fuentes, ha resaltado que, de ser ciertas las informaciones que apuntan a que funcionarios municipales pudieron ser los remitentes de hasta cincuenta escritos de esa acusación, estaríamos “ante un gravísimo caso de utilización de recursos públicos cuyo único fin sería hacerle daño al Partido Popular”.

Para Fuentes, eso demostraría que Cuenca, un alcalde “con dos caras”, que por un lado se muestra “sonriente y simpático en las numerosas fotos que se hace a diario”, pero que por otro “parece capaz de lo que sea con tal de hacer daño”, ahora podría haberse “embarcado en una cacería personal contra nosotros y estar utilizando para ello una maquinaria maquiavélica de destrucción con el objetivo de acabar con nuestro partido, una caza de brujas que ya sospechábamos hace tiempo que podía existir. El tiempo dirá si teníamos razón”, ha agregado.

“Parece que para el alcalde no es suficiente que el ayuntamiento tenga contratado a su abogado, como ya denunciamos hace sólo unos días, sino que ahora podría estar utilizando a personal del ayuntamiento para su objetivo político de perjudicarnos”, ha recalcado el coordinador, que, en ese sentido, ha recordado “como dato no tan anecdótico” que el escrito en el que en su día se pidió que fueran investigados los concejales del PP que estuvieron en la Junta de Gobierno Local en la que se abordó la licencia del Serrallo, “lo hizo presuntamente un abogado de este ayuntamiento”.

Además, Fuentes ha hecho hincapié en la existencia del artículo 441 del Código Penal, que establece literalmente que “la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare por sí o por persona interpuesta una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años”.

Por todo ello, el grupo popular entiende que es “inaplazable” la investigación de este caso “y su depuración, con todas las consecuencias que puedan conllevar”, en el caso de que se demuestre la comisión de un hecho sancionable.