El Supremo ve indicios de que los empresarios de Baza se beneficiaron de los 'amaños' del caso Cerdán

El instructor señala en sus autos que, tanto del informe policial remitido por la UCO y del conjunto de las actuaciones practicadas, entre las que se encuentran registros en los domicilios y la sede de la empresa Obras Públicas y Regadíos, se desprende que los hermanos Antonio y Daniel, en sus condiciones de apoderado y administrador de la empresa respectivamente, actuaron en «connivencia» con los investigados en esta causa, José Luis Ábalos Meco, exministro del Ministerio de Transportes y Koldo García, su exasesor. El juez señala que podrían haber obtenido la adjudicación de obras públicas licitadas a cambio de precio o beneficios económicos.

El juez, siempre con el carácter provisional que resulta propio del momento procesal inicial en el que se encuentra la investigación, señala que estos hechos pueden considerarse constitutivos de delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo. Los empresarios deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes, en la Secretaría del Juzgado Decano de Granada, en el caso de Antonio, y en la Secretaría del Juzgado Decano de Toledo, en el caso de Daniel.

Las medidas cautelares «proporcionadas» se toman «en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos con el fin de asegurar, «que el investigado no evada la acción de la justicia. Ambos tendrán que presentarse en el Supremo las veces que sea necesario. Los hermanos esquivan el ingreso en prisión porque ni el Ministerio Fiscal ni las acusaciones populares la han solicitado . El instructor no puede acordar la prisión provisional sin petición previa.

El juez señala que las autoridades analizan en este momento la documentación extraída en los registros, tanto en el domicilio particular de los investigados como en la sede de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR). De igual forma, las autoridades analizan también las obras concretas que pudieron haber sido indebidamente adjudicadas a «cambio de determinados premios o beneficios económicos».

Por ahora, ha trascendido que la UCO investiga en concreto las adjudicaciones de la autovía A-63 de Asturias, el tramo de la carretera entre Úbeda-Torreperogil y la ejecución ferroviaria entre Monforte-Lugo. Estos proyectos se desarrollaron entre 2018 y 2024.

Los empresarios fueron introducidos en el Ministerio de Transporte por su cuñado, Fernando M.V., exdirectivo de Acciona y fundador de Mer Construcción y Mantenimiento, mercantil con sede social en Huétor Vega.

El hombre, también investigado, tendrá que declarar el próximo lunes ante el Supremo. De hecho, Antonio F. M. apuntó en eel interrogatorio que su cuñado le presentó en 2018 en Navarra a Koldo.

También resulta del mencionado informe, que la esposa de Koldo, Patricia Uriz, habría obtenido un puesto de trabajo en la empresa bastetana Áridos Anfersa por mediación de Daniel F. M, «siendo indiciariamente posible que la mujer en realidad, no efectuara prestación laboral alguna». La UCO hizo un seguimiento tanto a Koldo como a su exmujer en diferentes días y horas con el que pudieron señalar que Urdiz, que estaba contratada por Áridos Anfersa, una empresa de Granada donde supuestamente no acudía a trabajar por lo menos de manera presencial, ya que sus rutinas diarias se centraban en la localidad alicantina de Polop de la Marina. El análisis de los productos bancarios realizado por la Guardia Civil evidenció que Patricia cobró entre el 3 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023 al menos, 13.796,77 euros netos en concepto de «nómina» proveniente de la empresa granadina.

Los empresarios negaron ante el juez el pago de mordidas a cambio de obra pública, según han relatado fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios. Sin embargo, el instructor se hace eco en su auto sobre que la Guardia Civil detectó conversaciones entre Koldo García, el conseguidor de Ábalos, los hermanos bastetanos y el cuñado que exponía que se habrían propiciado modificaciones del presupuesto a petición de los empresarios para tratar de dirigir supuestamente concursos públicos.