El Supremo confirma la sanción que impuso la UGR a un profesor por «cortejar» a una alumna

En un auto –una resolución motivada– el Supremo rechaza admitir a trámite recurso de casación –anulación– presentado por el profesor, lo que automáticamente supone que la decisión de la UGR de castigarlo es definitivamente firme. La carrera de fondo del afectado para que la suspensión de empleo y sueldo desapareciera de su historial ha fracasado.

El apelante planteó cuatro motivos por los que, según su criterio, el Supremo debía atender su demanda y, en consecuencia, invalidar la inhabilitación temporal que le aplicó la UGR: «Falta de audiencia previa al trabajador en el procedimiento administrativo disciplinario; falta de comunicación formal del expediente sancionador al trabajador; prescripción del procedimiento disciplinario» y «falta de tipicidad del comportamiento sancionado».

Sin embargo, el Alto Tribunal desmonta cada una de esas declaraciones y confirma los fallos que adoptaron en su día el juzgado de lo Social que vio el caso inicialmente y el TSJA.

Fue en 2015, hace ya seis años, cuando el profesor en cuestión fue denunciado por una de sus alumnas ante el Defensor Universitario y la Policía Nacional por la presunta comisión de un delito de acoso sexual. En paralelo, la rectora de la UGR ordenó «incoar» un «expediente disciplinario» al docente, cuya tramitación fue suspendida hasta la resolución del procedimiento penal», que arrancó en enero de 2016 y «concluyó por auto del juzgado de instrucción de sobreseimiento provisional» en noviembre de ese mismo año, una resolución que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Granada. Quedaba descartada la posibilidad de que se hubiera producido un delito, lo que, a su vez, permitía a la UGR proseguir con el procedimiento sancionador.

En este sentido, la institución académica nombró a un instructor que escuchó tanto al enseñante como a la alumna.

Posteriormente, el encargado de la investigación notificó el «pliego de cargos» al trabajador que, a su vez, presentó un escrito de defensa con sus alegaciones.

«Tras la práctica de la prueba, el instructor formuló propuesta de sanción de suspensión de empleo y sueldo de 90 días», una resolución que recurrió el profesor pero sin éxito. Ya en 2018, la rectora rubricó un documento que declaraba «al actor responsable en concepto de autor de una falta muy grave» y se le imponía el castigo indicado por la persona que dirigió la pesquisa acordada por la UGR.

El docente impugnó la sanción por la vía judicial, pero el juzgado de lo Social que examinó el asunto confirmó la resolución de la UGR. Entonces elevó el caso al TSJA, que tampoco atendió sus demandas. Lo mismo le ha ocurrido con el Supremo. El caso está cerrado.