Los sindicatos solicitan a la Junta que frene el crecimiento de las gasolineras sin personal

En la provincia existen actualmente 65 estaciones de servicio sin personal, según datos del Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió a una pregunta por escrito realizada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia y detalló el número de gasolineras que el 1 de enero de 2017 existían en España y cuales de ellas se encuentran desatendidas. En Granada, de las 304 gasolineras que había a comienzos del año pasado al menos una de cada cinco no tienen asalariados. Suponen un 21,3% del total, la ratio más baja de Andalucía y tres puntos por debajo de la media nacional.

Las protestas llegan no sólo por los datos sino por la tendencia que marcan las gasolineras sin asalariados. Entre 2012 y 2017 la ratio entre gasolineras sin personal y el total de gasolineras ha crecido en todas las provincias salvo en cinco. A ello se une la pérdida de personal que se producido en centenares de gasolineras que ha supuesto la pérdida de más de 10.000 trabajos, según datos de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

Juan Luis Gutiérrez, responsable de la federación de Industria de UGT Granada muestra su oposición ante la instalación de este tipo de estaciones sin empleados. «Repercuten de manera muy negativa en el desarrollo del empleo del sector, ya que no necesitan trabajadores, estableciendo, por tanto, una competencia desleal con el resto de estaciones que si cumplen con toda la normativa vigente», explica Gutiérrez que añade que este tipo de instalaciones vulneran los derechos de «algunos consumidores, como son las personas con discapacidad, las personas mayores con cierta movilidad reducida y las mujeres embarazadas, ya que en estas gasolineras no se dispone de la ayuda que precisan estas personas para repostar. Las gasolineras están obligadas a ofrecer sus servicios y productos cumpliendo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal». UGT Granada incide también en el derecho de seguridad de los consumidores. A su juicio, estos «no disponen de medios de información, atención, reclamación y garantía de comprobación en tiempo y forma».

CC OO asegura que se van a mantener las movilizaciones en todas las provincias de Andalucía. «La Junta tiene las competencias en este sector y ahora pretende que proliferen las gasolineras desatendidas en las que no haya ningún trabajador», expresa Pedro Redondo. El secretario general de Industria del sindicato en la provincia añade que se trata de un «atentado» contra los derechos de los trabajadores, las personas con discapacidad y los consumidores. Según el sindicato, la tendencia hacia la que se viaja es que durante el turno de noche las gasolineras funcionen como un autoservicio y en horario diurno no haya más de un trabajador en ellas lo que supone, en opinión de Pedro Redondo, «una vulneración de los derechos contra las personas con dificultades para repostar». A CC OO le preocupa también la peligrosidad que genera que este tipo de instalaciones no cuenten con personal ante cualquier tipo de incidente o emergencia. «Las estaciones de servicio desatendidas son un despropósito y un atentado contra los derechos de los trabajadores», sentencia el sindicalista.

La Junta de Andalucía, preguntada a nivel provincial por esta cuestión, recuerda el criterio de la Comisión Europea, que argumenta que la exigencia de presencia de un empleado como mínimo en la estación de servicio puede constituir una restricción de la libertad de establecimiento de las empresas. Añade, además, que los requisitos «que obliguen a tener un número mínimo de empleados» forman parte de los que el Estado «debe eliminar de su legislación, a menos que sean no discriminatorios, justificados y necesarios para proteger una razón imperiosa de interés general». La delegación provincial de Economía y Empleo explica que la regulación de esta cuestión debe realizarse, por tanto, por el Estado y, mientras tanto, la administración autonómica continuará con su trabajo «en materia de seguridad industrial». En este sentido se trabajará en «planes de inspección que se ejecutan cada dos años y que no han provocado ningún tipo de sanción; la revisión anual de la seguridad de las instalaciones; y la vigilancia, también anual, de los surtidores».

Con el criterio de la administración autonómica coincide Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE). Jiménez basa su argumentación en un informe de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) de julio de 2016 en el que se expone que la normativa relativa a las estaciones de servicio «debe ajustarse a los principios de regulación económica eficiente, debiendo eliminarse o modificarse toda restricción identificada que limite la entrada y el ejercicio a esta actividad y que resulte ser injustificada, innecesaria o desproporcionada» con un «marco normativo en el que se potencie la aparición de nuevos competidores». Manuel Jiménez es más directo y solicita a las administraciones públicas «que el consumidor decida» y explica el caso particular de Granada -en donde la penetración de las gasolineras sin personal es inferior a la media nacional y autonómica- a la que define como un «oasis» ya que la patronal de gasolineras quiere salvaguardarla de nuevos competidores a menor precio. «¿Donde está la razón de que CC OO, UGT y la patronal tengan los mismos intereses y no se permita un modelo de negocio que beneficia al consumidor?», añade Jiménez.

En el polo opuesto de este debate que tendrán que resolver tarde o temprano la Junta de Andalucía y el Gobierno central se sitúa Jorge de Benito, presidente de CEEES. «El modelo de gasolineras desatendidas ha destruido más de 10.000 puestos de trabajo en sólo cinco años», sentencia Benito al referirse a esta cuestión. De Benito argumenta que se genera un problema grave por «la competencia desleal de las gasolineras desatendidas, que incumplen muchas de las normas que deben cumplir las instalaciones de suministro de carburantes» e impiden «la accesibilidad de las personas con discapacidad».