Un secadero mantiene paralizado el desarrollo del 'paraíso industrial'

Vista del secadero./PEPE MARÍN
Vista del secadero. / PEPE MARÍN

El plan parcial, aprobado en 2006, está a la espera de un informe de la Junta que confirme si el edificio tiene valor patrimonial o puede derribarse

Pablo Rodríguez
PABLO RODRÍGUEZ

En el verano de 2006, el Ayuntamiento de Granada aprobó el plan parcial I7, un proyecto de origen privado que pretendía construir un nuevo polígono sobre una parcela de más de 135.000 metros cuadrados junto al Cerrillo de Maracena. Sin embargo, 13 años después, lo que se bautizó como 'Paraíso industrial' acumula un historial de contratiempos que han impedido su desarrollo.

Si antes de 2012, el problema estaba en la afectación urbanística de terrenos propiedad del Estado que colindan con el plan parcial –lo que mantuvo paralizado el proyecto casi seis años–, ahora el protagonista es un secadero. El edificio se interpone en la parcelación de la zona, paso imprescindible para el desarrollo final de las obras. De su derribo o no depende el futuro de un área que, en su momento, se pensó como una forma de incrementar la capacidad comercial de la ciudad.

El origen del desencuentro se encuentra más de lustro atrás. La junta de compensación –el órgano urbanístico en el que participan los propietarios del I7– realizó un proyecto de parcelación que fue aprobado por la mayoría de sus miembros. La solución pasaba por el derribo del secadero, lo que provocó el rechazo de su dueño, que inició una batalla legal que se ha mantenido hasta hoy.

En los meses siguientes a la aprobación del plan, el titular de la parcela en cuestión interpuso más de una decena de recursos por la vía contencioso-administrativa con los que consiguió paralizar el avance de la operación. Las objeciones iban dirigidas contra la junta de compensación, pero también contra el Ayuntamiento, como institución tutelar del órgano urbanístico privado.

Una tras otra, las apelaciones fueron rechazadas, lo que derivó en 2016 en una orden administrativa que pedía a Urbanismo que permitiera el acceso de máquinas para cumplir con lo establecido en el proceso de reparcelación. La prescripción del I7 fue una de las que Miguel Ángel Fernández Madrid, actual responsable del área, se encontró sobre su mesa al asumir Francisco Cuenca la alcaldía.

Pendientes de un dictamen

Cuando parecía que la orden iba a ser ejecutada, el propietario del secadero abrió un nuevo frente. En julio de 2017 acudió a la Junta de Andalucía solicitando que se catalogara el edificio sosteniendo que podía tener un interés histórico-patrimonial.

Para ello se apoyaba en un dictamen de la comisión provincial de Patrimonio que establecía que los secaderos pueden tener algún tipo de valor. Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana , el documento que rige los desarrollos urbanísticos de las ciudades, no concede en su redacción una protección especial al edificio.

La cuestión quedó en manos de la Dirección General de Bienes Culturales, que en los últimos tres años ha organizado varias reuniones en Sevilla tanto con el propietario del edificio como con los representantes de la junta de compensación. Sin embargo, nada se ha sabido de su dictamen.

El silencio administrativo respecto al I7 fue uno de los temas que trataron hace dos semanas el delegado de Fomento, Antonio Granados, y el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid. En la reunión, el edil pidió al dirigente andaluz que indagara sobre la cuestión, que mantiene en el aire el desarrollo de una de las áreas industriales más grandes con las que cuenta la ciudad.

«Nosotros tendremos que valorar qué hacemos porque hay una incoación inicial que no se ha terminado de hacer, pero necesitamos saber cuál es el dictamen de la Junta», explica Fernández Madrid.