La rectora de la UGR dice que el caso de presunto acoso en Pedagogía «está investigándose»

La rectora de la UGR, Pilar Aranda/RAMÓN L. PÉREZ
La rectora de la UGR, Pilar Aranda / RAMÓN L. PÉREZ

Pilar Aranda exige una modificación de la legislación para estos casos | La universidad granadina ha sido denunciada por un docente al que suspendió 90 días en 2018, por una denuncia en 2015, que fue archivada en los juzgados

ANDREA G. PARRA

«Se ha aplicado el protocolo de acoso y está el tema en la Unidad de Igualdad y está trabajando ya también con la Inspección de Servicios». La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, confirmaba así este martes la denuncia del presunto acoso de un profesor en una tutoría a una estudiante de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, campus de Cartuja.

Al ser preguntada por los periodistas, explicó que están aplicando el protocolo, en este y en los demás casos que se denuncian, «teniendo en cuenta la legislación vigente, desgraciadamente hay casos muy sonados, que hemos visto como situaciones que entendíamos la población que debían ser penadas de determinada manera han sido de otras; pero la UGR estamos, dentro de la legislación, actuando de una manera enérgica y contundente».

«Estamos revisando continuamente los protocolos y evaluándolos, porque creo que lo importante es que tengan un dinamismo y que podamos trabajar como ahora mismo, que ha sido rapidísimo todo entre Inspección de Servicios y la Unidad de Igualdad», destacó la rectora.

Pilar Aranda recordó que en otras ocasiones, cuando se han denunciado casos, alguno se ha sustanciado con un expediente administrativo, que «nos han recurrido y estamos en los juzgados. O sea que no siempre la aplicación que tenemos nosotros es entendida por los jueces. Estamos en alguna situación de este tipo».

Se refiere a la sancionen a un profesor –en el año 2018- con 90 días de suspensión de empleo y sueldo tras abusar de su condición, así se dijo entonces en el pronunciamiento, de profesor para establecer «una relación de cortejo» con una alumna de primer curso tratando de obtener un «beneficio de tipo sexual». La alumna denunció los hechos como acoso sexual ante la UGR en diciembre de 2015 y poco después ante la Policía Nacional, aunque la causa judicial fue archivada al no hallarse indicios de criminalidad.

«A veces cuando han archivado causas ha sido la propia Universidad la que ha continuado con su expediente administrativo disciplinario. Y en ese caso nos denuncian», lamentó la rectora. Especificó y repitió que en la actualidad con este caso –diferente al de Pedagogía- «estamos en el juzgado, estamos esperando».

La rectora fue contundente: «Desde la Universidad de Granada exijo y reclamo una modificación de la legislación en estos aspectos. Porque nuestro protocolo, que es muy avanzado y es de los mejores de las universidades españolas, de hecho sé de universidades que lo han copiado y los rectores me han dicho que lo están adaptando, pues también a veces falla en algunos aspectos porque chocamos con una legislación. Hay casos muy famosos desgraciadamente en los que no hemos entendido en absoluto las sentencias. Entonces, yo exijo que haya una adaptación de toda la legislación, que nos permita unos protocolos en las universidades, y en la sociedad, todas las unidades de igualdad deben tener su protocolos de actuación, que sean rigurosos, exigentes y que lo permitan. Nosotros hemos llegado más allá de lo que nos permiten y lo estamos intentando porque creemos que es obligado y siempre nos queda una vía administrativa, que es la que aplicamos con los expedientes disciplinarios».

A la pregunta de si hay más expedientes confirmó: «Ahora mismo tenemos ese expediente disciplinario, los demás casos a través de una mediación o de una actuación o de sanciones leves de otro tipo se han ido solventando».

La Unidad de Igualdad en materia de prevención está actuando «extraordinariamente. Se denuncia porque estamos ahí porque se ha perdido el miedo y eso es muy importante así como la actuación de cercanía de la Unidad de Igualdad».

En lo referente a la sanción de 90 días de suspensión al docente, la alumna que denunció en este caso era del campus Centro, Aranda explicó que en cuanto entran los procesos judiciales «nosotros tenemos que suspender nuestra actuación». ¿El profesor está dando clase? «Bueno, lo que le corresponda. Archivaron el caso primero –en el juzgado- y fue la Universidad la que impuso la sanción, que también eso llama un poco la atención», respondió Aranda.

A la cuestión de si alguno de los casos al pasar a la vía judicial ha llegado al ámbito penal, Pilar Aranda contestó: «Desde que yo estoy de rectora no y antes tampoco. Tenemos una legislación que hay que modificar claramente».