La rectora de la UGR asegura que abrieron expediente al profesor denunciado por espiar a una alumna

«Nosotros tenemos abierto un expediente, desde el mismo momento. Fue Unidad de Igualdad e Inspección de servicios», incidió. Recordó que cuando entra en vía judicial cualquier proceso de estas características la UGR debe detener el expediente. Asimismo, la rectora apuntó que «se le recomendó -a la universitaria- la vía judicial y ella creo que lo llevó de motu proprio».

Aranda destacó que «nosotros hemos estado colaborando en todo momento con la policía judicial con los temas de ciberseguridad e incluso nuestros propios servicios informáticos han estado colaborando».

Dese la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad granadina explicaron que «en este momento, la Inspección de servicios de la UGR está pendiente del pronunciamiento de la justicia ordinaria, con la que colabora estrechamente en el esclarecimiento de los hechos». Adelantó que una vez haya pronunciamiento, la Inspección de servicios continuará el procedimiento abierto por la institución universitaria granadina.

En la información publicada este viernes por IDEAL –firmada por Carlos Morán- se reseña que el procesado era el director de la tesis doctoral de la estudiante. En este sentido, el documento del fiscal detalla que la joven en cuestión cayó en una depresión porque la fecha de presentar el trabajo estaba próxima y el encausado seguía siendo el director de su investigación. Ese padecimiento obligó a la alumna a solicitar una baja para recuperarse.

Siempre según el relato de los hechos del ministerio público, el suceso ocurrió en junio de 2015, cuando, supuestamente, el docente ideó un plan «para apoderarse de las contraseñas de las cuentas privadas de la víctima para así acceder a la información que en ellas había, ya que pretendía iniciar una relación sentimental con su alumna y necesitaba para conseguirlo conocer tales datos», relata la fiscalía los pormenores del caso. Para lograr su objetivo, el profesor, presuntamente adquirió a través de Internet un programa informático espía que, una vez instalado en el ordenador de la estudiante, registraba los textos que esta escribía y los enviaba al correo electrónico del docente.

Este tipo de sistemas están diseñados para que los usuarios del ordenador controlado no puedan percatarse de que están siendo vigilados a distancia. «Con la exitosa instalación del mencionado programa consiguió su propósito y la información personal (de la víctima) era enviada sin su consentimiento al correo electrónico facilitado por el acusado», desvela el escrito del ministerio público.

A juicio de la Fiscalía Provincial de Granada, lo sucedido constituye un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos por un funcionario público, que es el que castiga a quien para «vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación». Si, además, el autor es funcionario público, como ocurre en el caso del profesor procesado, la pena es más elevada y el encausado, en el supuesto de ser condenado, se arriesga a quedar inhabilitado para el ejercicio de su profesión durante un periodo de tiempo que oscila entre los seis y los doce años.

El fiscal reclama para el docente de la UGR dos años y diez meses de cárcel, una multa de veinte meses a razón de seis euros diarios y que permanezca apartado de su puesto de trabajo durante seis años. La vista oral se ha fijado para el próximo 4 de diciembre.