El juicio del caso Serrallo se reanuda el lunes con medidas sanitarias y sin público

Una providencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia, argumenta la necesidad de reanudar las sesiones pendientes de la causa pese a que continúan en suspenso los plazos procesales, una decisión que argumenta por la necesidad de concluir el juicio, la «complejidad del proceso» y la incertidumbre que genera la crisis sanitaria.

La resolución ha establecido que el juicio, que se aplazó con la declaración del estado de alarma, se retome desde el próximo lunes y ha fijado un calendario de tres semanas que comenzará con las pruebas previstas para el 17 de marzo, las primeras pendientes.

La Audiencia ha comunicado a las partes que pueden renunciar a la práctica de alguna de las pruebas pendientes y señaladas y que si alguno de los peritos no puede personarse en sede judicial, deberá declarar por videoconferencia.

Ha previsto además dedicar una segunda semana de juicio a la prueba documental y el trámite de calificaciones definitivas de las acusaciones y una tercera dedicada a los informes de las defensas que acabaría el miércoles 24 de junio, día dedicado al derecho a la última palabra de cada acusado.

Como se hacía antes del inicio de la crisis sanitaria, las sesiones se celebrarán en la sala Antonio Angulo del edificio de La Caleta, un espacio más amplio que el de la Audiencia de Granada y que contará con medidas especiales de higiene y seguridad sanitaria.

La Audiencia ha pedido colaboración a las partes y ha recordado que, al ser una reanudación judicial, el procedimiento se considera como preferente a cualquier otra actuación judicial, por lo que no se atenderán peticiones de suspensión por motivos de agenda.

El juicio del caso Serrallo comenzó el pasado febrero en una sala especial para acoger a los 17 acusados, entre ellos el exalcalde Torres Hurtado, y una propuesta inicial de 77 testigos o peritos citados durante más de dos meses, un calendario que debió acabar en abril.

En su escrito provisional, la Fiscalía ha solicitado ocho años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros para Torres Hurtado, la que era su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto; el exdirector de Obras Manuel Lorente, y el promotor García Arrabal.

El conocido como «caso Serrallo» es distinto al que provocó la detención y posterior dimisión de Torres Hurtado, la operación «Nazarí» en la que también fue detenida la que era su edil de Urbanismo, Isabel Nieto, acusada en esta causa.