La juez Murillo manda callar a un etarra cuando hablaba de los «objetivos políticos de los que han caído» por ETA

La Fiscalía pide incluir como perjudicada a una agente de la Guardia Civil que no estuvo en atentado que costó la vida a Juan Manuel Piñuel

EUROPA PRESSMADRID
La juez Murillo manda callar a un etarra cuando hablaba de los «objetivos políticos de los que han caído» por ETA

La juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo ha ordenado callar a Arkaitz Goikoetxea, el jefe del 'comando' acusado de asesinar al guardia civil Juan Manuel Piñuel en el atentado contra el cuartel de Legutiano (Álava), cuando éste ponía en evidencia su militancia a ETA y hablaba sobre los "objetivos políticos y sociales" de "todos los que han caído y todos los que luchan" a favor de la banda terrorista.

Ha sido en el turno de última palabra durante la última sesión del juicio, cuando Goikoetxea ha hecho un alegato, en euskera, a favor de los integrantes en la organizaación terrorista. "Quiero manifestar que todos los que han caído y todos los que luchan a favor de ETA, y que los objetivos políticos y sociales que éstos tenían son y van a ser siempre...", ha comenzado a decir el procesado, quien no ha podido terminar su discurso ya que ha sido cortado por Murillo. "Ya vale de objetivos. Si eso es de lo que va a hablar puede volver otra vez adentro. Venga, venga, venga... Nada, no nos interesa eso", ha reprendido la juez, antes de ordenar su traslado al habitáculo blindado de la Audiencia Nacional. Aitor Cotaño e Iñigo Gutiérrez, también acusados de participar en el atentado cometido el 14 de mayo de 2008, han rechazado aprovechar su turno de última palabra.

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, la fiscal Blanca Rodríguez ha mantenido las penas de 534 años y seis meses de cárcel para Arkaitz Goikoetxea Basabe y Aitor Cotano Sinde por un delito de asesinato terrorista, 26 delitos de asesinato en grado de tentativa, dos delitos de estragos terroristas, un delito de robo de vehículo y otro de hurto de vehículo; mientras que para Iñigo Carrillo pide 8 años de prisión por colaboración con organización terrorista.

Además, ha incluido como perjudicada una compañera de Piñuel que compareció la semana pasada ante el tribunal y admitió sentirse "un poco culpable" al no estar aquella noche haciendo guardia junto con el sargento asesinado. La fiscal ha puesto de manifesto la pérdida de sus enseres personales, el "grave cuadro clínico" que presentó con lesiones físicas y psicológicas, por las que permanece de baja médica desde la fecha del atentado. "Continuará necesitando tratamiento psiquiátrico a largo plazo", ha advertido.

La representante del Ministerio Público ha destacado los "tremendos" daños ocasionados por la "potencialidad" de la carga explosiva y ha aseverado que la intención de los terroristas era la de "causar la muerte de toda persona" que habitara en el cuartel. Dicho esto, ha recordado el "exhaustivo" material probatorio, ha refutado la coartada de Cotano que alegaba estar de vacaciones en Palermo (Italia) y ha apuntado a Goikoetxea como el autor material del atentado. "El dijo que en Legutiano no hubo llamada de crisis. El lo sabe porque fue el autor y no realizó el aviso (...). Todo hace indubitable que Goikoetxea fue el autor material del hecho", ha dicho.

Recuerdo a Piñuel

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha elevado a definitiva su petición de 1.150 años de cárcel para los tres miembros del comando 'Askatun Harizea' y ha querido recordar la "profesionalidad" de Piñuel. "El y todas las víctimas están siempre presentes en nuestro recuerdo", ha expresado Mariano Casado, quien ha apuntado que la asociación ejerce por primera vez en su historia la acusación popular dada la "obligación moral" y el "daño" que tanto ha causado el terrorismo de ETA al Instituto Armado.

El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Emilio Murcia, ha participado también como acusación popular y ha aprovechado para despedirse del tribunal al anunciar que ha "cerrado una etapa" después de "20 años defendiendo a las víctimas". Por su parte, el letrado Juan Carlos Rodríguez Segura ha defendido a dos guardias civiles afectados que han quedado "destrozados" como consecuencia del atentado. Los abogados defensores, entre quienes se encuentra Jone Goirizelaia en representación de Aitor Cotano, han reclamado la libre absolución de sus representados y han denunciado que algunos testigos "no han dicho la verdad" en sus declaraciones y han caído en contradicciones.

En el momento del atentado, quince agentes y doce de sus familiares, entre ellos seis menores, residían en la casa cuartel. En el atestado policial, al que ha tenido acceso Europa Press, figura la experiencia de un guardia civil al que la "gran explosión" sorprendió mientras dormía. Según el escrito, la onda expansiva "tiró abajo casi toda su vivienda" y el agente se apresuró a comprobar si su esposa, también guardia civil, y su hijo se encontraban heridos. Acto seguido, el guardia civil evacuó a su familia al descansillo del pabellón y fue a buscar a otro compañero que residía con su mujer y sus cuatro hijos en otra vivienda del acuartelamiento. En el pasillo, lleno de cristales y escombros, agrupó a los menores, a quienes "procedió a tapar y vestir con lo que podía" ya que "se encontraban en pijama o semidesnudos y sin calzado".

Una vez organizado el grupo, el guardia civil introdujo a los afectados en vehículos de la Ertzaintza mientras que su mujer fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario debido a las heridas que presentaba. Tras ello, el agente no dudó en volver a su vivienda y vestirse de uniforme para colaborar en el rescate y evacuación de la casa cuartel. Como consecuencia del atentado, el guardia civil sufrió secuelas físicas en un oído mientras que su mujer y su hijo padecieron daños psicológicos y además perdieron todos sus objetos personales.

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