Los 17 proyectos que Granada tiene pendientes

Terrenos para la segunda fase del Parque Tecnológico de la Salud. /Ramón L. Pérez
Terrenos para la segunda fase del Parque Tecnológico de la Salud. / Ramón L. Pérez

El acelerador de partículas o el cierre de la Circunvalación, entre las peticiones de la Asociación de Promotores y Constructores (ACP)

ANTONIO SÁNCHEZGRANADA

La Asociación de Promotores y Constructores (ACP) presentó ayer un informe en el que alertó de las «necesidades de infraestructuras existentes en la actualidad en la provincia de Granada». En él se detallan todos las actuaciones que, en opinión de la ACP, ya se deberían haber ejecutado en la provincia y todavía continúan pendientes de construcción o están por culminarse. El presidente del organismo, Juan de Dios Molinero, aseguró que mientras que en otras regiones y provincias puede verse un claro auge de la actividad industrial y económica, proporcional al aumento de la inversión pública por parte de todas las administraciones (estatal, autonómica y local), en Granada se observa un «estancamiento y ausencia de iniciativa», con infraestructuras «prometidas políticamente en reiteradas ocasiones, en diferentes campañas electorales, y que, finalmente, se quedan en constante promesa, estando aún pendientes de finalización o sin proyectarse».

Según el listado elaborado por la ACP, el Estado tiene entre los deberes con la provincia las conducciones de Rules; la conclusión de la Segunda Circunvalación; la llegada del AVE, su soterramiento y la Variante deLoja; la línea eléctrica de 400 kW entre Caparacena, Baza y La Ribina; y el tren de Granada a Motril. En manos de la Junta de Andalucía queda la ampliación del metro; el aumento de la superficie esquiable de Sierra Nevada; el cierre del anillo de la Circunvalación; la ampliación del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en Ogíjares; la ejecución de las vías de alta capacidad (VAUs) en el área metropolitana, especialmente las que unirían Maracena con Albolote y los municipios próximos a la Ronda Sur por su otra cara; la ejecución de la zona de actividades logísticas del Puerto de Motril; la continuación de las obras de depuración en la provincia; la construcción del teleférico a Sierra Nevada, la creación de amarres deportivos en la Costa Tropical y la conexión del metro de Granada con el aeropuerto Federico García Lorca. De ambas administraciones también depende la elaboración del proyecto y construcción del acelerador de partículas y la mejora del acceso a la Alhambra desde el Centro.

La ACP criticó también que la capital «puede perder los 15 millones de euros concedidos por la Unión Europea como fondos Edusi», al entender este organismo que las obras «tendrían que haber sido ya licitadas y van pasando los meses y no salen, a pesar de que son unos fondos finalistas otorgados por Europa». Francisco Martínez-Cañavate, secretario general de la institución, reclamó además al Ayuntamiento de Granada que entregue a la Junta de Andalucía el proyecto del vial Arabial-Palencia para que se inicie la ejecución de esta obra, con una inversión aproximada de unos cinco millones de euros.

La Asociación de Constructores y Promotores de Granada aseguró que los granadinos merecen «otro tratamiento» por parte de las administraciones y mostró su «total rechazo a la apatía de las distintas administraciones por terminar con el retraso de las infraestructuras de Granada». En su valoración de la inversión de Estado, Junta, Diputación y ayuntamientos en 2018, el presidente de la ACP, Juan de Dios Molinero, manifestó que es hora «de ponerse a trabajar y alcanzar acuerdos que permitan que, al menos, se inviertan en esta provincia las cantidades suficientes para ejecutar estas infraestructuras».

«Tenemos la esperanza de poder darle la vuelta a esta situación y que gobierne quien gobierne las infraestructuras sean una realidad para Granada», expresó Francisco Martínez-Cañavate, quien censuró la «falta de planificación» por parte de las administraciones públicas que llevan a Granada a ser «los últimos de Filipinas en casi todo». Así, la ACP consideró «insuficiente» el incremento del 154% de la licitación pública, que pasa de 75 a 191 euros por habitante, pero deja a la provincia «olvidada».