Una vecina de Tózar con incapacidad reclama la prestación retirada en 2016

Pilar, con un 75% de discapacidad, operada dos veces de cáncer, con dos cuerdas vocales paralizadas y en silla de ruedas, fue una de las primeras personas en disfrutar la subvención destinada al cuidado de familiares dependientes. Desde 2007 hasta 2016, su sobrina se encargó de ella. Al mudarse ésta, Pilar tuvo que cambiar la titularidad del familiar que le prestaba ayuda y meses después la delegación de Políticas Sociales le informó de que iba a perder la prestación, la razón: el familiar es de cuarto grado y en ese caso queda excluida legalmente de tal beneficio.

Inmersa desde entonces en un proceso judicial, Miguel Ángel Susino, abogado de oficio de la anciana, solicitó la semana pasada una reunión con el delegado sin obtener respuesta. Susino alega que su defendida tiene derecho a una prestación económica y que es «sorprendente» que por una aplicación «rigurosa e inflexible de la ley», la Junta de Andalucía le sustituya un cuidado permanente por una ayuda domiciliaria de 3 horas diarias.

«Económicamente tiene que soportar el coste de los cuidados. Está completamente despreciada y desprotegida», sostiene. El letrado de Pilar recurrió ante el juzgado contencioso administrativo la decisión de la Junta y está a la espera de la resolución. «Una cuidadora al mes cuesta 600 euros, ¿ qué hago con el resto de la pensión si tengo que pagar luz, agua y comida?», lamentó Pilar. «Soy muy fuerte y tengo el apoyo de mis vecinos y amigos, aunque me de miedo estar sola no me queda otra».