Un recluso de Albolote defecó en un control 138 pastillas que había ocultado en su cuerpo para traficar en el penal

No ha trascendido qué había hecho el interno para estar privado de libertad antes de obrar el delito. No se sabe si era un preso preventivo o ya condenado, pero su ilícito atrevimiento prolongará su estancia mil días más. Una sentencia dictada en septiembre por la Audiencia de Granada ha acordado que pase entre rejas los próximos tres años como autor de un delito contra la salud pública, por el que asimismo se le ha impuesto una multa de 1.140 euros.

El hombre expulsó exactamente tres envoltorios con pastillas rosas y blancas. En total llevaba 138 comprimidos de tres sustancias diferentes (clorazepato dipotásico, metadona y alprazolam) con las que pretendía trapichear en el interior del penal. Así lo consideró probado el pasado 20 de junio el Juzgado de lo Penal 4 de Granada en una resolución que ahora ha avalado el tribunal granadino.

Todo apunta a que el reo recibió la droga «de una persona no identificada tras un encuentro 'vis a vis'» y que la tragó o la escondió dentro de su cuerpo, pero «se le interceptó tras defecar en un cuarto habilitado del módulo de ingreso para este tipo de controles y registros».

Fue sobre las 18.30 horas cuando se descubrió que este interno portaba «en el interior de su cuerpo, y con la intención de transmitirlo a terceros, tres envoltorios de plástico» con las pastillas. Algunos de los comprimidos, una vez analizados, resultaron ser clorazepato dipotásico con un peso neto de 6,84 gramos y un valor en el mercado ilícito de 149,76 euros. Otros eran de metadona y tenían un peso de 0,64 gramos, así como un valor de 4,16 euros. Y los restantes fueron identificados como alprazolam, con un peso de 23,42 gramos y un valor de 407,68 euros.

El recluso aseguró que la droga no le pertenecía, «que era de otro recluso que, según él, la había expulsado antes y no fue recogida por los funcionarios en ese momento». Por eso recurrió la condena. Sin embargo, para la Audiencia, «esa línea o estrategia defensiva motivada desde su lícito derecho de defensa, por dotar de impunidad su conducta, quedó contundentemente desmentida en el acto del juicio». Y es que de haber sido la secuencia como el preso alega, «lo razonable» no era ocultarlo «sino advertirlo a los funcionarios» que realizaron la actuación de control.

Se da la circunstancia de que el preso, a través de su defensa, insistía en que se reclamasen al penal y se analizasen las imágenes de esa celda de aislamiento y control, pero la Audiencia, que recuerda que ya denegó tal prueba el pasado 1 de septiembre, descarta que por ello se le haya causado indefensión. También enfatizaba su recurso que se había cometido un error en el juicio al referirse la acusación pública a la fecha en la que se produjo la incautación de la droga, pues se indicó que había sido el 31 de marzo cuando fue el 31 de agosto. Este baile de días fue «un error involuntario por lapsus» y es considerado por el tribunal «una mera equivocación sin entidad ni relevancia alguna como para eximir de responsabilidad al acusado apelante por los hechos enjuiciados».

El preso planteaba además una eventual ruptura de la cadena de custodia desde la incautación de las sustancias -de las que no causan un grave daño a la salud- y su envío, para su análisis, al organismo oficial competente. Sin embargo, para el tribunal esa eventual ruptura fue del todo «inexistente». Así, pese a las «ansias de defensa» del interno, el fallo ensalza «la credibilidad y verosimilitud del testimonio de los funcionarios» de Albolote, escenario de unos hechos tan ilícitos como escatológicos. El fallo no es firme.