La jueza cree que padre e hija tenían la bolsa de basura «prepaparada» para deshacerse del bebé tras el parto

IDEAL ha tenido acceso al auto dictado por la jueza, en el que sitúa el crimen de la recién nacida en el cuarto de la casa de Talará (Valle de Lecrín) donde habita el padre de la investigada y, por ende, abuelo de la bebé. Fue en un dormitorio de esta vivienda donde el 15 de enero se produjo el parto, donde Fátima A. O. «alumbró» a la niña, «de nueve meses de gestación» y que vino al mundo «viva».

«Inmediatamente después del nacimiento –narra la jueza en su auto–, los investigados causaron la muerte de la bebé, existiendo indicios de que lo hicieron dándole un fuerte golpe en la cabeza». A continuación, introdujeron el cuerpecito sin vida de la niña en una bolsa de basura, «que supuestamente tenían preparada en la habitación en la que se produjo el alumbramiento», y la «tiraron a un contenedor de basura». El final de esta vil acción, que en principio se atribuye a ambos, es de sobra conocido: el cadáver de la malograda pequeña fue hallado en la planta de reciclaje de residuos urbanos de Alhendín.

Padre e hija fueron detenidos el miércoles pasado y habían sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe el jueves, si bien se prorrogó la detención a fin de practicar un registro en la vivienda donde se produjo el alumbramiento. Los restos de sangre que los investigadores hallaron en la cama donde creen que nació la bebé fueron cruciales para determinar la presunta implicación del padre de Fátima, la cual él ha negado por activa y por pasiva.

Los investigadores, según han precisado fuentes próximas al caso, permanecen a la espera de los resultados del cotejo del ADN del padre de Fátima, Miguel A. F., con el hallado en la bolsa de basura donde estaba el pequeño cadáver. En las tiras de cierre de la bolsa ya ha sido encontrado ADN de Fátima.

El auto revela que en la comparecencia celebrada ayer en los juzgados santaferinos, la fiscalía solicitó la medida de prisión comunicada y sin fianza de los juzgados finalmente acordada por la jueza. Los abogados de ambos investigados pidieron, en cambio, su puesta en libertad sin fianza.

«Aparecen en la causa motivos bastantes para creer responsables criminalmente del delito anteriormente indicado a los investigados», señala la jueza en su resolución, al tiempo que resalta que «se constata la presencia de restos de sangre en el domicilio de los investigados». El lugar del hallazgo fue «el dormitorio en el que la investigada estaba en el momento del alumbramiento», así como en el colchón sobre el que se encontraba cuando dio a luz.

El auto recuerda que Fátima ha atribuido «la autoría material de los hechos investigados a su padre». La joven ha sostenido que fue este quien le asistió en el parto y quien cogió a la niña y le dio un golpe contra el suelo, «causándole la muerte, introduciéndola posteriormente en una bolsa de basura que tiró a un contenedor».

Sin embargo, la jueza concluye que la participación de Fátima en los hechos «resulta claramente de la coincidencia hallada en el perfil genético de la investigada y el obtenido en una de las tiras de cierre de la bolsa de basura en cuyo interior se encontraba la niña cuando fue hallada por el empleado de la empresa de residuos».

En la resolución, que puede ser recurrida, la jueza explica lo que se persigue cuando se manda a prisión a un investigado. Con esta medida tan drástica –privar a una persona de su libertad mientras que espera ser juzgado– se evita el riesgo de fuga, «atendiendo a la gravedad de los hechos y de la pena a imponer a los investigados». Es en este punto concreto, donde la magistrada añade entre paréntesis la «prisión permanente revisable». Es decir, que en caso de condena, podría imponérseles a ambos este castigo, algo que de momento es sólo una posibilidad, pues la instrucción está muy al principio y quedan muchas pruebas que practicar hasta que el caso pase a la fase en la que se prepara el juicio oral. Será entonces cuando se ponga nombre al delito y se reclame una pena concreta.

En el caso de Fátima, el auto subraya que existen razones que apuntan a una falta de arraigo social, «pues está en paro y carece de domicilio fijo», aunque haya residido durante algunas temporadas con su progenitor en Talará y otras en distintas localidades con Óscar R. O., su pareja sentimental. También ha habido ocasiones en las que ha vivido en Granada en domicilio desconocido.

Con respecto a su progenitor, Miguel A. F., el hecho de que tenga arraigo social y familiar no es, en opinión de la jueza, garantía para «neutralizar o minimizar el riesgo de fuga». Por eso también lo ha encarcelado. En concreto ha decretado para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza.