El fiscal pide 12 años y medio de cárcel para un temporero por el crimen de un compatriota

Un grupo de personas frente a la casa de Campotéjar donde ocurrió el apuñalamiento. /ALFREDO AGUILAR
Un grupo de personas frente a la casa de Campotéjar donde ocurrió el apuñalamiento. / ALFREDO AGUILAR

La víctima, que tenía 28 años, recibió un total de cinco puñaladas en una vivienda de Campotéjar a finales del año pasado

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGRANADA

La noche del 29 de noviembre un ciudadano rumano de 28 años que residía en Campotéjar fue apuñalado mortalmente. El presunto autor, N. M., fue un compatriota que trabajaba como temporero en la campaña de la aceituna y que tendrá que responder por aquellos hechos ante un jurado popular. La fiscalía de Granada le atribuye un delito de homicidio y solicita que sea condenado a 12 años y medio de prisión.

IDEAL ha tenido acceso al escrito de conclusiones provisionales emitido por el Ministerio Fiscal, que aunque admite que el procesado había bebido antes de blandir el arma blanca para acabar con la vida de M. P., no cree que el alcohol influyera en sus actos. De ahí que no aprecie ninguna circunstancia que pueda atenuar la pena o eximirle de culpa en caso de condena.

La mortal agresión ocurrió cuando ya había anochecido. El acusado «compartía juegos de apuestas» en el domicilio de unos compatriotas, en la calle Málaga del referido municipio. De repente, sobre las 23.00 horas, el buen curso del entretenimiento se truncó: el acusado, según el fiscal, «inició una discusión con uno de los jugadores, como consecuencia de los desacuerdos existentes en el dinero adeudado entre ellos». Durante el desencuentro, presuntamente, el acusado fue a «coger de la cocina un cuchillo de color verde y 20 centímetros de hoja» y, al salir al pasillo, se topó con el joven M. P., «quien había acudido a la vivienda para recoger a uno de los participantes del juego, y que nada tenía que ver con la discusión precedente».

Hasta un total de cinco cuchilladas recibió la víctima, según recoge el escrito del ministerio público, que detalla una a una las heridas que presentaba el cadáver: dos de las puñaladas le alcanzaron el pulmón izquierdo y otra le atravesó el diafragma y llegó hasta la víscera hepática. Las dos restantes estaban en la zona del ombligo y en el glúteo izquierdo.

Mordedura humana

Estas heridas de arma blanca en tórax y abdomen provocaron la muerte al joven M. P., que, según apreciaron los forenses, tenía asimismo erosiones en la mano derecha, en la cadera derecha y en el cuello. Presentaba aparte otras por «mordedura humana» en un muslo. Asimismo, tenía «otras zonas contusas» en los labios y la nariz. Estas lesiones pudieron tener su origen «en un intento de defensa de la víctima», indica el fiscal.

Tras el apuñalamiento, el acusado, «consciente de lo ocurrido, salió al exterior de la vivienda donde arrojó el cuchillo empleado». El resto de personas que se encontraban en el domicilio, creyendo que M. P. podía estar vivo aún, arrastraron su cuerpo hasta la calle y dieron aviso a la Guardia Civil. También llamaron a los servicios sanitarios.

En su escrito, la fiscalía solicita la apertura de juicio oral y considera competente para enjuiciar este crimen al tribunal del jurado, por lo que la vista tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Granada una vez se fije fecha para el inicio de las sesiones.

No hay constancia de que la víctima, que residía en España, estuviera casado o tuviera hijos u otros familiares a su cargo, por lo que no se ha solicitado indemnización. El acusado está en situación de prisión provisional desde el 1 de diciembre del año pasado y, además de la pena privativa de libertad, el fiscal ha pedido que se le imponga la medida de libertad vigilada que contempla el Código Penal para estos casos. De igual modo reclama que sea condenado en costas.

Este crimen fue investigado por el Juzgado de instrucción número 9 de la capital, cuyo titular es el juez José Luis Ruiz Martínez, quien citó a los testigos tras los hechos y les tomó declaración en los días siguientes a fin de evitar que su eventual desplazamiento a otras ciudades impidiera su localización posterior para acudir al juicio.

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