La exalcaldesa socialista de La Taha, condenada a cuatro años de prisión por prevaricación y falsedad

Rosario Fernández, en una imagen de archivo./Rafael Vílchez
Rosario Fernández, en una imagen de archivo. / Rafael Vílchez

Rosario Fernández, que se ha dado de baja del PSOE, anuncia que recurrirá la sentencia

R. I.GRANADA

La Audiencia de Granada ha condenado a la exalcaldesa de La Taha de Pitres Rosario Fernández (PSOE) a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación y otro de falsedad por la «obtención ilegal de financiación» para el Ayuntamiento mediante renovaciones del crédito que solicitó el consistorio para afrontar el pago de la construcción de un instituto financiado por la Junta.

La Sección Primera de la Audiencia ha condenado, además, al que fuera secretario interventor de La Taha, a tres años de prisión y siete de inhabilitación por los mismos delitos que a la exregidora, aunque a él se le ha aplicado la atenuante de confesión, tras haber reconocido su participación en los hechos y haber colaborado con la justicia para su esclarecimiento.

El exsecretario confirmó durante el juicio la existencia de irregularidades, reconociendo que las renovaciones del crédito se llevaron a cabo porque el dinero «se había gastado antes», y pese a que generaron intereses «inasumibles» para las arcas públicas: «confié en los políticos y la bola se hizo grande«, llegó a reconocer ante el tribunal.

Según consta en la sentencia, el Ayuntamiento «arrastraba una mala situación económica» debido, entre otras razones, a que llevaba varios años sin cobrar los recibos de agua, basura y alcantarillado; tampoco tenía los presupuestos aprobados y había estado realizado gastos sin consignación presupuestaria.

Esta falta de liquidez impedía recurrir a un préstamo a largo plazo, de forma que la alcaldesa y el secretario decidieron recurrir a estas renovaciones de crédito para conseguir financiación de manera irregular utilizando la garantía que ofrecía la firma del convenio en 2004 con la Junta para la construcción del instituto.

Incumplieron con ello la normativa, «sabiendo» que no se contaba con la autorización del pleno y que se superaría la capacidad de endeudamiento del consistorio, para lo que también falsearon documentos, según se considera probado en la sentencia, contra la que cabe recurso de casación.

El otro alcalde socialista que se sentó en el banquillo de los acusados y al que no acusaba la Fiscalía, José Jesús García Aragón, ha sido absuelto; mientras que el cuarto procesado, un exconcejal que actuó de tesorero y firmó las distintas operaciones, ha sido condenado a siete años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación.

Los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de la Tahá de Pitres por los perjuicios que han ocasionado estas operaciones bancarias. Concretamente, con 12.143 euros en concepto de comisiones y con otros 245.019 euros en intereses, los cuales deberán seguir asumiendo hasta el completo pago del préstamo principal.

Recurrirá la sentencia

Según informó el PSOE provincial a través de una nota de prensa, Rosario Fernández, que se ha dado de baja en el PSOE, asegura que actuó en defensa del interés general del municipio y que no ha existido desvío de fondos a otros fines. Fernández, que respeta pero no comparte esta decisión judicial, asegura que «en todo momento actuó en defensa del interés general del Consistorio y de sus vecinos» en relación a la construcción del instituto en el municipio. En ningún momento «se ha causado perjuicio al pueblo ni ha habido lucro personal ni de terceros», aseguró.

«Lo único que he hecho ha sido trabajar por mi municipio y defender el interés general de los vecinos de mi pueblo, convencida de que mi forma de proceder se ajustaba a la ley», dijo Fernández, que explicó que el dinero recibido se destinó a la construcción del centro educativo como estaba previsto y, además, se justificó hasta el último céntimo. «Nunca ha existido desvío de fondos a fines distintos de los intereses del municipio», aseguró.

Rosario Fernández, que dice sentirse «consternada» y que se ha dado de baja en el PSOE, ha subrayado que confía «plenamente en la labor de la Justicia» y se mostró convencida de que cuando se estudie el recurso que se va a presentar será admitido.