El exalcalde de Castril niega haber prevaricado con una ayuda de infravivienda que obtuvo su prima

La Fiscalía ha mantenido durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, su petición de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exregidor, quien afirma haber sido acusado «en base a suposiciones», «sin que existan pruebas» sobre una posible arbitrariedad.

La subvención procedía del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y el 14 de mayo de 2008 una prima del exregidor pidió acogerse al programa respecto a una vivienda propiedad de sus padres. El fiscal mantiene que «no concurría ninguno de los requisitos legalmente exigidos para ser beneficiaria de la subvención, circunstancia de la que el acusado era conocedor, al no ser la vivienda la residencia habitual de la solicitante y encontrarse deshabitada».

El entonces regidor votó en pleno el 19 de junio de 2008 a favor del acuerdo por el que se aprobaba la relación de viviendas de los beneficiarios, entre los que se encontraba esta propiedad de sus tíos, que sí destinaron el dinero de la subvención a la rehabilitación de la vivienda, según el relato del fiscal.

López Ródenas ha incidido en que los requisitos se limitaban a que la subvención fuera dirigida a un inmueble con uso residencial y que el grado de consanguinidad no exigía que se abstuviera en este proceso, que en todo caso salió adelante por unanimidad del pleno. Mantiene que todos los técnicos que tramitaron los expedientes determinaron que su prima cumplía los parámetros legales para acogerse a este plan y que nunca les dio indicaciones.

En todo caso, ha declarado que es la Junta de Andalucía la que finalmente otorgaba los proyectos y ha defendido que el hecho de que fuera su prima no significa que no fuera apta o no necesitara la ayuda. López Ródenas confía en el archivo de esta causa, como ya ha ocurrido en las nueve anteriores.