La Diputación de Granada devolverá 5,8 millones que cobró de forma indebida por tratar la basura de 132 municipios

La Diputación asume la sucesión de varapalos judiciales que ha recibido en los últimos meses a partir de procesos emprendidos por municipios como Güéjar Sierra, La Taha, Dílar o Morelábor. El argumento reiterado por los jueces es el siguiente: la Diputación no puede exigir el abono de contraprestación alguna a los municipios inferiores a los cinco mil habitantes por tratar sus residuos porque la competencia es suya. Lo dice la Ley de Bases del Régimen Local, una legislación que data de 1985 pero que fue modificada en 2013. El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respalda todo lo dicho por los jueces hasta ahora en los fundamentos de una sentencia, la 1.539, dictada recientemente.

La cuestión es que el proceso de reintegro ya está en marcha, aunque el tema será abordado en el próximo Consejo de Alcaldes, un ente formado por los primeros ediles granadinos en función de la representación obtenida en las pasadas elecciones municipales y que ejerce como órgano de asesoramiento a la Presidencia de la Diputación.

También se han adoptado decisiones de futuro. Según adelantó este martes Gómez Vidal, los presupuestos de la Diputación para 2019 ya asumen los 1,9 millones que el año que viene no entrarán por este concepto, un desequilibrio que tendrá que compensar por otras vías -o ingresando más o gastando menos-. Será la corporación resultante de los comicios locales de mayo quien valore cómo se sufragará esta prestación responsabilidad de la Diputación a partir de entonces.

En la misiva remitida a los regidores, Entrena comenta que «el tratamiento de los residuos municipales es un servicio público esencial, cuyo coste debe ser asumido por quienes lo generan para dar cumplimiento al principio básico en nuestra normativa medioambiental de quien contamina paga». «Al tiempo -agrega Entrena- que se posibilita el impulso de políticas tendentes a la reducción de su generación, incentivando el uso de la recogida selectiva, mucho más respetuosa con el medio natural».

Entrena también recuerda que este servicio se inició en Granada gracias al Consorcio Provincial para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Resur), integrado por la Diputación y todos los municipios de Granada, lo que posibilitaba que estos tuviesen capacidad de decisión respecto a su gestión, «así como que todos ellos participasen en su financiación».

Y agrega que fue el anterior gobierno del PP quien decidió la disolución de Resur, pasando a asumir la Diputación este servicio, «estableciendo unilateralmente una tasa de carácter provincial que debía ser satisfecha por el conjunto de la ciudadanía». Al inicio de este mandato, refiere Entrena, es cuando el TSJA anuló por no ajustada a derecho esa ordenanza fiscal, lo que obligó al actual gobierno, del PSOE, «a buscar una solución que permitiese retornar a un nivel máximo de respeto a la autonomía municipal». De ahí surge -defiende- el sistema actual invalidado ahora por los tribunales.