El Defensor del Pueblo investiga el cierre de unidades en los colegios de la Alpujarra

Dos semanas han pasado desde que los padres de los alumnos de los colegios públicos rurales de Torvizcón y Bérchules –con aulas en este municipio, Alcútar y Juviles– decidieran ponerse en huelga y no llevar a los niños a clase para protestar por el cierre de unidades que han sufrido estos centros de la Alpujarra y la pérdida de profesorado, «lo que imposibilita que tengan una educación de calidad», tal y como ellos mismos denunciaron. Desde entonces, las aulas de estos pueblos se encuentran vacías gracias a que esta huelga ha sido secundada por casi el 100% de los alumnos. «Es muy duro para nosotros no llevar a los niños a clase y ellos mismos lo echan de menos, pero aguantaremos lo que sea necesario para que tengan una educación como se merecen», señaló Pilar, una de las madres afectadas.

Esta situación, que se vive desde que el pasado 17 de septiembre los estudiantes dejaran de ir a clase, ha provocado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya iniciado una investigación para conocer los motivos que han justificado la decisión de la supresión de estas unidades. De igual modo, quiere descubrir, «con mayor profundidad», las consecuencias de estos cambios. El Defensor del Pueblo Andaluz aseguró que han decidido incoar un expediente de queja de oficio para despejar esta incógnita y solicitar un informe a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada sobre el tema.

«Estos cierres imposibilitan que los niños y niñas reciban una educación con unos mínimos estándares de calidad», destacó al respecto Maeztu. Tal y como indicó, en el caso de Bérchules, se ha perdido una unidad, por lo que son tres las que quedan en este momento. De ese modo, en una de ellas se han agrupado a todos los alumnos del segundo ciclo de Infantil –que engloba a los niños de entre 3 y 5 años– con los de primero de Primaria, por lo que en la clase hay 13 alumnos en total. En la otra unidad se atiende al alumnado de segundo, tercero y cuarto de Primaria – con 12 alumnos– y la tercera, que cuenta con 11 estudiantes, está destinado a quinto y sexto de Primaria. Por su parte, en Juviles solo tienen una unidad en la que se atienden a 13 estudiantes de seis niveles diferentes.

«Para nosotros es muy frustrante esta situación, porque vemos que no se les puede atender adecuadamente a los niños», dijo al respecto una maestra del colegio de Bérchules. Los vecinos del pueblo no solo se quejan por el cierre de unidades y la unificación de alumnos de cursos muy distintos, «que supone que se superen las ratios legales», sino también por la pérdida de maestros. Esto se complica aún más por el hecho de que algunos docentes tengan que itinerar entre los distintos colegios –lo que no permite a los tutores ejercer convenientemente su tutoría–, según el Defensor del Pueblo. Otra de las consecuencias que se han hecho patentes en estos colegios rurales es que, en diversas ocasiones, son dos docentes diferentes los que imparten una misma asignatura o, incluso, tienen que esperar a que llegue un docente para poder desplazarse a otro centro, «solapándose las itineracias y haciendo casi imposible el cumplimiento del horario lectivo». Maeztu aseguró que esta investigación se produce también debido a que los intentos de los padres, apoyados por los respectivos ayuntamientos, para que la delegación reconsideren la decisión del cierre de unidades «parecen haber sido en vano», motivo por el que las familias han decidido continuar con las movilizaciones. La próxima será el 1 de octubre a las 12.00 horas frente a la delegación.

Para Maeztu, esta queja responde a un fenómeno que tiene relación con la despoblación, «una preocupación que va a ser una de las señas de identidad en este renovado mandato, como es el reto de paliar las consecuencias de la Andalucía vaciada», indicó. A esto añadió que «tenemos que ver qué medidas podemos proponer para que estén cubiertas las necesidades de esta población».