El AVE coloca la última piedra

El titular de Fomento explicó que esta nueva etapa en el proyecto de Alta Velocidad, la circulación en pruebas, se iniciará «para que dentro de unos meses empiecen los trenes comerciales». No precisó fechas ni acotó plazos. De hecho, durante su intervención apuntó que también estaban en la fase de circulación en pruebas en el tramo entre Castellón y Valencia desde el mes de marzo. Estas pruebas servirán para verificar si los 126 kilómetros de la línea cumplen todos los requisitos y permiten la circulación de los trenes, para los que no hay fecha de vuelta.

De la Serna arrancó señalando que en Granada se había producido una «renovación de la línea, y mejora de la electrificación, un planteamiento integral para mejorar los tiempos». Estos trabajos han tenido un coste de 360 millones de euros. «Estamos trabajando también en la elaboración de los correspondientes proyectos», añadió el titular de Fomento. Aunque no precisó cuáles son los proyectos a los que se refería, se puede entender que hacía alusión a la segunda fase que está sin concretar y en la que se debería acometer el soterramiento de las vías a su paso por la Chana, así como la variante de Loja. Ambos proyectos se comprometió a reformularlos el Ministerio de Fomento para ajustarlos a la nueva normativa ferroviaria.

En su breve alocución sobre Granada, De la Serna señaló que se pondrá fin a una obra que arrancó en marzo de 2004, momento en el que se celebraba una campaña electoral. Era ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, quien no pudo colocar la primera traviesa -se lo prohibió la Junta Electoral Central-, pero sí pudo fotografiarse dando un paseo por las obras. Tras él, las hemerotecas atesoran fotos de otros cinco ministros más inspeccionando los trabajos.

En el álbum se añadirá, si finalmente viene el viernes a presenciar una primera circulación en pruebas de un tren, la foto de Íñigo de la Serna contemplando cómo un tren recorre el trazado por primera vez tras casi mil días de aislamiento ferroviario.

El anuncio del arranque de la circulación en pruebas por parte del ministro tuvo rápidas reacciones en Granada. Por su parte, el presidente de los populares, Sebastián Pérez, se congratuló porque «el Gobierno ha demostrado que cumple con los objetivos fijados para la llegada de la Alta Velocidad a Granada». En una nota, defendió «el compromiso del Gobierno de España con nuestra provincia», y subrayó el «esfuerzo inversor» realizado en los últimos años.

El líder provincial de Ciudadanos en Granada, Luis Salvador, consideró «positivo que se hayan respetado los plazos de fin de las obras». «Pediremos información detallada sobre las actuaciones complementarias en el entorno que siguen pendientes», expuso ayer Salvador, quien resaltó la importancia que supone para Granada el restablecimiento de la circulación ferroviaria. Junto a esto, el portavoz de Ciudadanos pidió conocer los plazos que se establecen una vez finalizadas las obras para la puesta en marcha de la infraestructura.

Por su parte, la concejala de 'Vamos, Granada' Marta Gutiérrez Blasco criticó ayer que «en las obras no se está trabajando a marchas forzadas para acabar, sino para dar la apariencia de que el objetivo se ha cumplido». Gutiérrez apuntó que, «según el cronograma proporcionado por Fomento en marzo de este año, la electrificación debía estar acabada en agosto; pero realmente no lo está».

La concejala explicó que la circulación en pruebas del viernes se hará «con un tren con una locomotora mixta, que funciona también con diesel, y será el motor el que lo impulse en el tramo en el que no está hecha la catenaria para dar la sensación de que las obras están completadas». La edil afirmó que no será una prueba, sino un «trampantojo».

Por otra parte, la concejala destacó la necesidad de exigir al ministro en su próxima visita el compromiso de mantener las líneas de Granada dentro de las Obligaciones de Servicio Público, que se negocia este mes y se aprueba a final de año en el Consejo de Ministros. Anualmente se determina cuales son las líneas que deben mantenerse como servicio público, independientemente de su rentabilidad.