34 municipios seguirán vertiendo tres años más en la Vega mientras se hacen los colectores

¿Y por qué ahora y no antes? La primera razón está relacionada con el sentido común. Sin más. Hablamos de salubridad, por una parte, y de la obligación -si quieren moral- de devolver el agua a la naturaleza en las mismas condiciones que la captamos de ella. La segunda tiene que ver con la legislación. Todos los pueblos tienen que prestar este servicio desde finales de 2015 en cumplimiento de la Ley de Aguas de Andalucía y de la directiva europea sobre esta materia que actualmente se está soslayando y que puede acarrear duras sanciones. Y la tercera se llama justicia. Hace ya un año que el Tribunal Supremo publicó una cadena de sentencias contra trece localidades del Área Metropolitana denegando la autorización de evacuar sus fecales en la Vega.

La Junta se ha fijado una fecha en el calendario, el 1 de febrero de 2018. Para entonces todos los proyectos técnicos tienen que estar terminados y revisados. Para ello Medio Ambiente, que paga, encarga y supervisa, está recurriendo a consultores externos y a Tragsatec. El más avanzado es el de Cúllar Vega. Cuando Sevilla dé el placet, pasará a exposición pública para que los afectados hagan sus alegaciones. Superado este periodo, se procederá a la aprobación definitiva -un paso imprescindible en el supuesto que haya expropiaciones-. Después se licitará la obra, que se sufragará con el canon. Por último, quedará la elección de la empresa y la ejecución de las tuberías, lo que nos llevará seguramente hasta bien entrado 2019.

Ampliación de la depuradora

También están avanzados los expedientes de la ampliación de la depuradora de los Vados -se tiene que incrementar un cuarenta por ciento su capacidad de tratamiento-; y los colectores de Maracena, Albolote, Peligros, Jun y Pulianas, por una parte, y de Gójar, Ogíjares, Cájar, La Zubia y Armilla, por otra -aunque en este trazado está habiendo dificultades en Armilla por la proliferación de nuevos equipamientos-.

La encargada de 'desfacer el entuerto' será, por tanto, la Junta. Aunque estamos hablando de una competencia municipal, la Ley de Aguas recoge que la Junta tercia en auxilio de los consistorios declarando estas actuaciones de interés autonómico. Ella recauda el canon, que sólo se puede emplear para acometer este tipo de infraestructuras. La tarea es vastísima y complejísima. El Área Metropolitana creció mucho en poco tiempo y en muchos casos de una forma desordenada. Donde antes había un cortijo afloraron 3.000 viviendas.

Los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua están en ello -sin olvidar el resto de la provincia-. Tanto es así que la Consejería ha tenido que tirar de consultores externos y de Tragsatec, la empresa pública filial de Tragsa dedicada a temas de ingeniería e investigación, para sacar adelante este macroproyecto que debe estar finalizado dentro de nueve meses. Medio Ambiente está convocando concursos para designar los consultores externos, mientras que para Tragsatec ha empleado la fórmula de 'encomienda de gestión' por una cuantía de 220.000 euros. Tragsatec puede externalizar, por ley, hasta la mitad de los 220.000 euros. Y lo que ha hecho ha sido realizar dos 'subastas' -realmente se trata de 'concursos de licitación'-, una con un precio de salida de 45.000 euros y otra con 65.000 euros, para que dos consultorías, las mejores postoras, asuman la asistencia técnica para la redacción de los proyectos de los colectores de Cájar-Monachil y Alhendín-Otura.

Este sistema ha suscitado las quejas de la Asociación Empresarial de Ingenieros y Consultores de Andalucía (Asica). «La Junta ha optado por realizar los trabajos mediante este procedimiento, a pesar de la insistencia del sector privado de que se realizase por concurso público dada la disponibilidad de empresas y nuestro acreditado conocimiento de la materia», señalan desde Asica. «En septiembre pasado -agregan- mantuvimos una reunión sobre este asunto con el viceconsejero de Medio Ambiente y un mes después con el director de Infraestructuras y Explotación del Agua de Granada, y ambos adujeron una extraordinaria urgencia, un hecho que no ha sido corroborado por el calendario ya que la primera subasta fue en enero». Estas mismas fuentes aseguran que posteriormente consultaron el portal de la transparencia para conocer el importe, «dado que no se ha publicado en el BOJA». «Este hecho sería grave; no hemos recibido respuesta», afirman.

Primera 'subasta'

La primera 'subasta', denominada en los pliegos 'consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto para la construcción de vertidos de la EDAR Granada Sur de la segunda fase de la agrupación sur: Cájar y Monachil', se licitó por 45.000 euros, un 65% menos que los 15.750 euros de la propuesta más barata, que fue la elegida. Asica se pregunta ¿dónde irá la diferencia? Y también se formula otras cuestiones: ¿Qué ventaja implica el concurso de Tragsatec si al final termina subastando y fragmentando a privados?, ¿dónde está el ahorro de tiempo si la Junta ha tardado seis meses en realizar la encomienda y Tragsatec ha dado 22 meses?, ¿cuándo estarán los colectores en servicio?

La Junta, por su parte, defiende la procedencia de la 'encomienda' a Tragsatec, una posibilidad que contempla la normativa para entes instrumentales, como es el caso. Además, la Consejería insta a Tragsatec que lo haga en el menor tiempo posible «en consideración al estricto plazo». «Para ello, además de los medios y el equipo propio, se determina la conveniencia de contar con colaboradores externos», apuntan desde la Delegación de Medio Ambiente, donde insisten que no se ha llevado a cabo una «fragmentación de la encomienda». También aclaran que el dinero que se ahorre seguirá en la hucha del canon y se destinará a la financiación de otros proyectos de depuración.