Del campo a la mesa
Más de 30.000 agricultores granadinos pueden vender ya sus productos directamente a los consumidores
Jorge Pastor
Jueves, 5 de enero 2017, 02:45
Se trata, posiblemente, de la queja más reiterada de los agricultores granadinos. Lo que cobran por sus cosechas no cubre, en muchos casos, lo que ... les cuesta producirlas. Un problema que no viene de ahora y que, a expensas de cómo se desarrolle la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria aprobada el pasado verano, compromete la viabilidad de miles de plantaciones en la provincia. Los datos están ahí. Mientras que un kilo de patatas, por ejemplo, se cotiza en origen a 0,32 euros, los consumidores están apoquinando 0,83 euros. Un 159%. Tres cuartas de lo mismo sucede con los tomates, las cebollas, las lechugas, los huevos, la leche... producciones de las que viven, de forma principal o secundaria, más de 40.000 familias de Granada. Las cuentas no salen y las organizaciones agrarias, que siempre se han mostrado muy beligerantes con este asunto, han apuntado a la gran distribución con el dedo acusador. Las responsabilizan de unas agresivas políticas comerciales que les impide levantar cabeza. Pero un decreto de la Junta, aprobado la semana pasada, les permitirá a partir de ahora soslayar a los intermediarios y vender directamente a los consumidores, entendiendo por tales tanto los hogares como establecimientos de hostelería y restauración.
Según los cálculos realizados por la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, tres cada cuatro explotaciones se podrán beneficiar de esta nueva normativa. Unas 183.000 en el conjunto de la comunidad autónoma y casi 31.000 si extrapolamos este porcentaje al ámbito provincial tomando como referencia el último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Ahora está por ver cuántos de ellos dan el paso de convertirse en comercializadores de lo que ellos mismos han producido.
Condiciones
Por lo pronto, la propia Consejería establece una serie de condiciones orientadas a que se cumplan todas las garantías de seguridad y de calidad. Además, se establecen unas cantidades máximas que no se pueden superar anualmente y los 22 alimentos sobre los que rige esta norma de ámbito regional. Por lo pronto el texto define como venta directa la que se realiza en el propio campo, en el mercado a cargo del cosechero o a quien éste designe de forma expresa y en minoristas como restaurantes, comedores o instalaciones de turismo rural. Los campesinos deberán llevar un registro donde se detallen aspectos como la fecha y el lugar en que se ha llevado la operación. Además, deberán entregar junto a la mercancía un documento acreditativo de la transacción. Además, deberán cumplir con toda la legislación sobre presentación y etiquetado, y aplicar los sistemas de autocontrol y de buenas prácticas de higiene marcados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. También se determina la creación de un sistema de información de venta directa de productos primarios en Andalucía, donde deberán inscribirse obligatoriamente los productores y recolectores que tengan la intención de apostar por este sistema, con el fin de conocer su ubicación. Por último, se fija un reglamento sancionador para quienes no cumplan con lo decretado.
En el listado de 22 productos se encuentran, por ejemplo, las hortalizas. Los cultivadores están autorizados para dar salida a 10.000 kilogramos anuales si la finca se localiza en el exterior o 20.000 si se trata de un invernadero. También se pueden acoger algunas granjas, como las especializadas en la fabricación de huevos (12.000 unidades al año) o los apicultores (10 kilogramos de jalea real).
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