La rotonda de Armilla se remodeló con los reparos de todos los técnicos

Una semana después de que IDEAL avanzara que la fiscalía pide por este asunto cuatro años de prisión y 16 de inhabilitación para el alcalde armillero Gerardo Sánchez (PSOE) y otras dos personas, se han conocido extremos literales de la acusación del ministerio público que confirman las citadas irregularidades.

La fiscalía provincial sostiene que las obras fueron «ejecutadas ilícitamente» al haberse prescindido de formación del necesario expediente y adjudicarse directamente sin publicidad pese a su condición de obra mayor, sin licencia de obras y carente de consignación presupuestaria previa sobre terrenos que no son propiedad del Ayuntamiento.

Las obras -presupuestadas inicialmente en 292.786 euros pero facturadas finalmente en 276.259- las ejecutó Armigesa, una empresa participada en un 49% por el Ayuntamiento de Armilla y en el 51% restante por Fomento de Construcciones y Contratas, «sin someterse a ningún procedimiento negociado de licitación», sin constatar la existencia de crédito suficiente, consignación presupuestaria ni fiscalización y contabilización del gasto previsto. El ministerio público llama la atención de que el planteamiento, desarrollo y ejecución de las obras no se dio a conocer al resto de la corporación ni a sus órganos técnicos.

Armigesa no contaba entre sus fines iniciales la ejecución de obras de este tipo pero este obstáculo se salvó con una modificación de sus estatutos, que ya le permitió ejecutar obras incluso fuera de la demarcación propia del municipio. La rotonda se encuentra en terrenos pertenecientes al Ministerio de Fomento, que concedió el permiso con las obras ya ejecutadas en su totalidad.

La fiscalía indica que para que los órganos del control del Ayuntamiento no tuviesen constancia del asunto, no existió licencia de obras alguna «por entenderla los coacusados innecesaria». También se tuvo por «innecesaria» la licencia urbanística, «cuyo lugar ocuparía la memoria valorada y teniendo en cuenta que las obras eran promovidas por el propio Ayuntamiento de Armilla.

En diciembre de 2011, Armigesa giró contra el consistorio su factura de 276.259 euros y entonces llegaron los reparos de todos los técnicos municipales. La secretaria advirtió de que no existía expediente. El arquitecto también encendió la alarma al no poder visar ni la factura ni las certificaciones de obra. Por último, el interventor se opuso porque se había prescindido de los requerimientos presupuestarios, crediticios y contables «así como del trámite obligado igualmente de previa fiscalización», relata el fiscal.

Informes orales

En su declaración ante el juez instructor, Gerardo Sánchez fundamentó su defensa en que todo el procedimiento se hizo con el beneplácito de los técnicos, aunque aclaró que la mayoría de los informes favorables fueron orales.

Sobre la circunstancia de que la obra se contratase sin que la junta de gobierno local aprobase tal gasto, Sánchez subrayó que los técnicos municipales le informaron de que «no era necesaria ninguna apunte o reserva en la contabilidad municipal, dado que iba a ser sufragada por la empresa de capital mixto Armigesa, cuya contabilidad y presupuesto nunca han estado ni deben estar reflejados en la contabilidad pública municipal». Por el mismo motivo, tampoco se solicitó informe al interventor municipal.

Sánchez manifestó su «desconcierto» cuando la semana pasada supo que la fiscalía había decidido acusarlo de dos delitos y pedir cuatro años de cárcel y 16 de inhabilitación. El regidor armillero dijo no entender el «cambio de opinión» del ministerio público, que en un momento de la instrucción pidió el archivo de las actuaciones.

La fiscalía provincial emitió ayer un comunicado en el que hizo un recorrido por las distintas posiciones de la acusación pública a lo largo de la instrucción y justificó su postura final al hacer suyos los pronunciamientos del instructor, que detecta sobrados indicios de delito en la actuación de los acusados.