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Una plataforma lleva a Bruselas su oposición al trasvase del río Castril

Presentarán un informe jurídico y un estudio elaborados por la Universidad de Granada en colaboración con la Universidad Pablo Olavide y la Politécnica de Madrid

efe

Jueves, 18 de junio 2015, 15:50

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Representantes de la Plataforma por la Defensa del Río Castril (Granada) presentarán en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo un informe jurídico para mostrar su rechazo al proyecto de trasvase, justificar la ilegalidad de las obras y argumentar la falta de urgencia del proyecto.

La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo escuchará el próximo lunes la queja presentada por la Plataforma por la Defensa del Río Castril para oponerse al proyecto de trasvase de agua, unas obras que consideran ilegales e innecesarias.

El presidente de la Plataforma, Miguel Ortiz, presentará en Bruselas un informe jurídico y un estudio elaborados por la Universidad de Granada en colaboración con la Universidad Pablo Olavide y la Politécnica de Madrid.

Según ha explicado Ortiz, ambos informes demuestran que no resulta necesario ejecutar el trasvase y que tanto las obras como las expropiaciones requeridas para ejecutarlas resultan ilegales.

Las obras del trasvase del río Castril se aprobaron en 2006 por una orden del Ministerio de Medio Ambiente que autorizaba la ejecución "por emergencia" de las obras para la conducción de abastecimiento de agua a municipios de la comarca de Baza desde el embalse del Portillo (Granada).

La Plataforma para la Defensa del Río Castril pretende frenar el proyecto que incluye la declaración del Pantano del Portillo, ubicado en Castril, como zona de reserva para abastecimiento de agua potable en la comarca de Baza, lo que impediría el aprovechamiento del agua para fines industriales y turísticos y para el riego tradicional.

La Comisión de Quejas ya escuchó a esta plataforma en abril de 2009, aunque no se pronunció hasta recibir una información complementaria solicitada al Ministerio de Medio Ambiente.

Desde aquella primera intervención en Bruselas, la Plataforma ha avanzado jurídicamente en su objetivo de paralizar de manera permanente las obras y ha logrado la nulidad del decreto de sequía que justificaba el proyecto en una sentencia del Tribunal Supremo.

Ortiz pedirá en el Parlamento europeo que se busquen soluciones alternativas al proyecto, se devuelvan los terrenos embargados a sus propietarios y se restaure la zona afectada por las obras.

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