43 municipios más están ahora en revisión

Entre ellos se encuentran lo grandes núcleos, como Granada capital, Baza, Maracena o Guadix, con gran densidad de viviendas

M. V. COBO

El objetivo del plan de regularización catastral es llegar al máximo de inmuebles de la provincia. Según señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda, cada ayuntamiento solicita ser incluido en este plan y se les va inspeccionando por orden. En Granada lo han pedido un total de 65 municipios, de los que 22 ya han sido peinados exhaustivamente y en otros 43 está todavía en curso este trabajo. Una vez que el municipio se incluye en el plan, se publica el aviso en el Boletín Oficial del Estado, junto con la fecha de finalización del proceso.

Los 12.680 inmuebles aflorados hasta el momento podrían quedarse en una cifra muy pequeña ya que, además del número de municipios que están aún pendientes de revisión, se encuentran zonas con una alta densidad de edificaciones, como la capital, Motril, Baza, Maracena. Ogíjares y Guadix.

El trabajo de regularización se está llevando a cabo en Albuñuelas, Alhama, Baza, Cájar, Caniles, Cenes de la Vega, Cogollos Vega, Cuevas del Campo, Deifontes, Diezma, Dúrcal, El Valle, Fonelas, Fuente Vaqueros, Granada, Guadix, Ítrabo, Jete, la Tahá, Lecrín, Lentejí, Loja, Maracena, Molvízar, Montefrío, Motril, Nigüelas, Nívar, Ogíjares, Órgiva, Otívar, Padul, Pinos Genil, Píñar, Pulianas, Santa Cruz del Comercio, Valderrubio, Vélez de Benaudalla, Otura, Villamena, Víznar y Zagra.

Este plan incluye la ventaja de que los ciudadanos no serán multados, solo se les cobra una tasa de 60 euros para sufragar el coste del plan. En el proceso de regularización se usan ortofotos (aéreas) que permiten cruzar los datos disponibles en el Catastro con la realidad física de una zona. Se combina esta actividad con fotos aéreas y la labor de los inspectores.

Una vez que los inspectores detectan una irregularidad, se le comunica por carta al propietario del inmueble, que tiene un periodo para hacer alegaciones y presentar documentación. La regularización culmina con la asignación de un valor catastral al bien inmueble aflorado y una fecha de efectos de dicho valor, información que se incorpora al padrón inmobiliario del municipio y sirve para la correspondiente gestión tributaria de los ayuntamientos respeto de las obligaciones por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de ejercicios futuros y pasado no prescritos. Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que esto no implica necesariamente un aumento de recaudación.