El exalcalde de Lanjarón niega que alterara el censo electoral

El exalcalde de Lanjarón, José Rubio, para el que la Fiscalía ha solicitado cinco años y medio de cárcel por un delito de alteración del censo electoral y otro de falsedad, ha asegurado que los nuevos censados eran vecinos y que el secretario municipal le dijo que lo que hacía era legal.

La Audiencia de Granada ha celebrado la primera de las tres sesiones del juicio contra el exalcalde de Lanjarón, que se enfrenta a cárcel, tres años de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa, y que hoy ha defendido su inocencia.

Según la Fiscalía, el acusado orquestó una "mendaz maniobra" para alterar el censo que supuso un incremento fraudulento de potenciales votantes de su partido antes de presentarse como candidato a alcalde en las elecciones municipales de mayo de 2007.

Rubio ha explicado que no tuvo nada que ver con los empadronamientos de extranjeros, pero que consultó al secretario municipal y le explicó que había que censar a todo el que lo pidiera y presentara para ello el DNI, a lo que se sumó después la normativa del Instituto Nacional de Estadística (INE), que pedía datos como dirección de la vivienda o facturas de suministros.

"No conozco las leyes", ha apuntado el exalcalde, que ha recalcado que le preguntó al secretario si podía como regidor presentar solicitudes delegadas y que lo hizo con su beneplácito.

Rubio ha detallado que se podían presentar las solicitudes de empadronamiento en persona o de manera delegada y que él tramitó las de familiares y allegados, un total de once, que tenían residencia en Lanjarón y se lo solicitaron.

"El secretario me dijo que no había ningún problema, que podía hacerse aunque fuera alcalde", ha asegurado el imputado, que ha relatado que parte de su familia regresó al municipio por problemas de salud y se querían empadronar por el descuento en el balneario local que suponía ser vecino de Lanjarón.

Según el Ministerio Público, entre los días 29, 30 y 31 de enero de 2007 se presentaron más de un centenar de solicitudes de empadronamiento en el municipio coincidiendo con los últimos días hábiles establecidos para censarse y tener derecho a voto.

En setenta casos, se presentó un formulario-modelo con los datos de los solicitantes escritos a ordenador, aunque el imputado ha dicho que "en absoluto" lo hizo para captar votos y que respondía a traslados como el de su hija que volvía del extranjero, su nuera, a la que cedió una casa, o unos primos que iban a montar una empresa.

El letrado del alcalde ha presentado nuevas pruebas documentales al considerar que la pericial realizada por la Guardia Civil para certificar que en las viviendas de algunos empadronamientos no residía nadie presentan errores.

Los trabajadores encargados del padrón han apuntado que varios concejales presentaron "lotes" de solicitudes y que intuyeron irregularidades porque los formularios no estaban en ningún sitio público en un juicio que continuará mañana con nuevos testigos.