Los trámites de la Junta para la apertura de las minas de Alquife, en su recta final

Imagen de las instalaciones mineras alquifeñas en desuso, con Sierra Nevada de fondo. /
Imagen de las instalaciones mineras alquifeñas en desuso, con Sierra Nevada de fondo.

El delegado territorial de la Consejería de Economía firma hoy el documento con la cesión de los derechos mineros a la empresa que explotará el yacimiento de hierro

MIGUEL ALLENDE

La apertura de las minas de Alquife se vislumbra cada vez más cerca en la medida que el procedimiento administrativo previo toca a su fin. Tras la recepción de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la empresa embarcada en la explotación del yacimiento espera que le llegue a lo largo del mes de abril, el informe favorable a la transmisión de los derechos mineros.

Fuentes de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo confirmaron ayer a este periódico que el documento que acredita esa cesión de los derechos será firmado hoy mismo por su titular, José Antonio Aparicio, para la remisión a la Dirección General de Minas. A partir de ese mismo momento se abrirá un periodo de alegaciones de diez días y una vez que estas sean estudiadas y contestadas -en el caso de que se materialicen- se elaborará la propuesta definitiva, que tendrá la firma de la directora general de ese departamento de la Junta.

El mencionado documento no solo recogerá la transferencia de los derechos mineros junto con la agrupación de los mismos en uno solo -con ordenación de los terrenos y denominaciones de los mismos- a Minas de Alquife S.L.U. También contemplará la concesión de la explotación por 30 años más prorrogables hasta 90, como daba cuenta este periódico en una información reciente. La anterior concesión de la que eran titulares los todavía propietarios de esos derechos caducaba ahora por lo que, de esta forma, se prorroga la concesión a los nuevos representantes. A la par que se resuelve favorablemente la transmisión de esos derechos.

Con la citada resolución, la Dirección General de Minas concederá a la empresa que pretende la explotación del yacimiento alquifeño, un plazo de seis meses para que adapte los proyectos que ha diseñado en su intervención a lo que le exige directamente la Autorización Ambiental Unificada. O lo que es lo mismo, que su intervención tenga el menor impacto en la naturaleza y tome todas las medidas encaminadas a este fin. Si agotara el mismo, iniciaría la actividad propiamente extractiva en el último trimestre del presente año. Al menos por las exigencias administrativas en este punto, que no tienen por qué coincidir con el planing que la compañía minera ha elaborado.

La Junta también exigirá a Minas de Alquife S.L.U. una ampliación de su capital social para que garantice con ello la viabilidad económica y financiera del proyecto. También, un aval vinculado a las tareas de restauración. Una vez cumpliese todos estos requisitos, el plan de labores podría ser una realidad de hecho y el inicio de las actividades mineras en Alquife. El yacimiento, cerrado en 1996, volvería a cobrar vida de este modo y a generar un importante volumen de actividad económica en toda la comarca del Marquesado del Zenete. Hay que tomar en consideración a este respecto, que el volumen de inversión necesario para la reapertura de las minas se encuentra en el entorno de los 250 millones de euros y que el número de puestos de trabajo directos que dependerían de la explotación ha sido cifrado por la empresa en 350.

Disponibilidad

Otro frente abierto en el futuro de las minas de hierro alquifeñas es el de la disponibilidad de los terrenos. Como se recordará, la sociedad de gananciales formada por el matrimonio Sánchez Ferre y Redondo Segura, que es propietaria de una gran parte de los terrenos donde se asientan las minas, aseguró el pasado día 20 que había puesto en marcha la condición resolutoria al no haber podido cobrar la totalidad del precio de los mismos a las empresas luxemburguesas con las que firmó la operación de venta. Pues bien, fuentes de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo confirmaron a este periódico que han recibido toda la información sobre este asunto que les ha remitido la citada sociedad. Se les pide en esa solicitud que paralicen el expediente administrativo que autorizará la explotación a Minas de Alquife S.L.U.

Las citadas fuentes de la Junta señalan que como aún no se ha demostrado judicialmente que Minas de Alquife S.L.U. no cuente con esos terrenos -en virtud del acuerdo suscrito con las tres sociedades luxemburguesas que los compraron- «no procede paralizar el acto administrativo de transmisión de los derechos mineros».

Acto seguido, las mismas fuentes de la Junta matizan que la disponibilidad de los solares solo será relevante en la fase de inicio de la explotación de las minas -a la que aún no se ha llegado- y serán entonces cuando la compañía tendrá que demostrar documentalmente que dispone de esos terrenos sobre los que recaen los derechos mineros.